Franklin Brito en 3-D

En el río de pirañas tratando de capitalizar cada escándalo para transformarlo en un voto, los actores políticos de Venezuela nos hacen perder la perspectiva. Nos colocan gríngolas, como a los caballos, nos inyectan sentencias desde la televisión, nos rodean con dedos acusadores y nos incitan a levantar nuestras falanges también, porque eso es un acto «patriótico».

Este juicio sintético a priori (como decir, «la nieve es blanca», «todos los cuerpos poseen masa»), busca equivaler las acciones de un bando, ya sea la oposición o el gobierno, a un ente maligno que lo deslegitima y llama a ser combatido con contundencia.

En medio de este diálogo de sordos, la estrategia comunicacional del gobierno en torno al caso de Franklin Brito ha logrado aislarlo del nido de corrupción, abuso estadal, retaliación política e ilegalismos que latían bajo la piel del ganadero que se inmoló.

Reducir el caso de Brito a una huelga de hambre «por la propiedad privada» o al juicio foucaldiano de «locura» es una salida conveniente y exitosa para las fracciones que pelean por controlar nuestro petróleo. Pero la realidad es otra.

A través de este correo enviado por la redacción de El Libertario, nos enteramos del verdadero via crucis del señor Brito, que no empezó cuando se puso en huelga de hambre «porque estaba loco/defendía la propiedad privada», sino que tiene su origen en su enfrentamiento con nuestra Chevron: La Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

El correo se los copio a continuación. Allí podrán constatar cómo, desde el 2001, el productor agropecuario denunció un proyecto millonario de fumigación de poca utilidad entre la Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Bolívar y la CVG. Brito denunció el mal manejo de recursos y logró detener el proyecto, lo cual no cayó muy bien al Alcalde del Municipio, Juan Carlos Figarella, quien tenía intereses económicos en este proyecto inútil.

Es aquí cuando comienza la lucha de Brito contra el poder. Siguen su despido irregular del Instituto Agrario donde trabajaba (controlado por la Alcaldía de Sucre), su despido como profesor del ente donde se desempeñaba, así como el despido injustificado de su esposa. A esto se agregan las cartas agrarias y el usufructo de sus tierras por el INTI, también de manera irregular.

Esta es la genealogía del caso de Franklin Brito, algo que poco tiene que ver con la lucha entre los terratenientes y los campesinos. El gobierno, con su aplanadora comunicacional, ha logrado enmarcar el debate en esos términos, soltando sus perros de guerra comunicacionales, los sofistas útiles que reciclan discursos de la guerra fría, para evitar que veamos el caso de Brito en profundidad. Cuando lo hacemos, vemos que este productor agropecuario fue otra víctima del poder insolente, simplemente por creer que un proyecto corrupto dirigido por un Alcalde debía ser combatido y detenido. Finalmente, Brito pagó con su vida el pecado de desafiar al poder autocrático.

Les dejo la carta original a continuación:

En el museo de la ignominia quedará la justificación que realizó la Fiscal
General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, sobre la medida de
privación ilegítima de libertad contra Franklin Brito. Esa decisión, de
recluirlo a la fuerza en el Hospital Militar durante su huelga de hambre,
causó la radicalización del conflicto, dificultando el diálogo y apostando
por un desgaste que terminó, en última instancia, con su fallecimiento.

Como se recordará el 15 de enero del 2010 la Fiscal anunciaba, a través de
los medios estatales que el productor agropecuario padecía de "trastorno
de ideas delirantes". La doctora Díaz se convirtió en una figura activa de
la campaña de criminalización y desprestigio, a la cual también se sumó la
Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez, quien el 14 de diciembre del 2009
sostuvo que Brito "no reunía la mejor condición mental". Por defender lo
que consideraba como sus derechos violentados, las máximas figuras del
llamado "Poder Moral" lo llamaban loco.

Debido al drama relacionado con sus sucesivas huelgas de hambre, con
frecuencia se olvida que la violación de la titularidad de sus tierras era
sólo un capítulo de una serie de atropellos contra este trabajador,
oriundo de Rio Caribe, que empezaron cuando tuvo el "trastorno" de
señalar, con pruebas, la inminencia de actos de corrupción en los
organismos estatales. Como consta en la comunicación que Brito dirigió a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en junio de 2009, y en las
primeras informaciones sobre su caso ventiladas por los medios, en abril
del año 2001 el biólogo denunció que un millonario proyecto de fumigación
con agroquímicos, contemplado por la Alcaldía del Municipio Sucre del
estado Bolívar a ser financiado por la Corporación Venezolana de Guayana
(CVG), no era la mejor alternativa para combatir las enfermedades en los
cultivos de ñame de la región. En cartas dirigidas a la Asamblea Nacional,
El Bloque Parlamentario Región Guayana y el Instituto Nacional de
Investigaciones Agrícolas (INIA), Brito alertó que de concretarse ese
proyecto constituiría un "uso inadecuado de los recursos", pues no era
recomendable para el modelo de siembra utilizado en la zona. El INIA le
dio la razón, recomendando el uso de variedades de ñame resistentes a las
plagas como una solución más económica y ecológicamente sustentable. En
consecuencia la CVG desistió del financiamiento, desbaratando el negocio
que involucraba, entre otros funcionarios, al alcalde del municipio, Juan
Carlos Figarella.

Es aquí donde comienza el vía crucis de Franklin Brito y su familia. Como
retaliación por su denuncia, se dispararon diferentes resortes del poder
para hacerle pagar con intereses sus "ideas delirantes". El 16 de abril
del 2001 es despedido del Instituto Autónomo Municipal de Desarrollo
Agrario (IAMDA), una institución dependiente de la Alcaldía del Municipio
Sucre. Paralelamente fue cesanteado en su cargo de profesor de la Unidad
Educativa Nacional "El Guarataro", cuya directora, Griselda Álvarez, era
prima del alcalde Figarella. Como si lo anterior no fuera suficiente,
también es botada su esposa, Elena Rodríguez de Brito, de su rol de
docente en la Escuela Integral Bolivariana "El Guarataro". Como parte de
este ensañamiento ocurre el otorgamiento de cartas agrarias, por parte del
Instituto Nacional de Tierras (INTI), sobre terrenos que pertenecían al
biólogo y que eliminaban la única vía de acceso a su fundo de 290
hectáreas, imposibilitándole la entrada y el trabajo en el mismo. Y es
aquí donde Franklin Brito decide la "locura" de pelear, sin descanso, por
el resarcimiento de sus derechos, en la parte de la historia cuyo
desenlace es lastimosamente conocido por todos y todas.

Ante su determinación de hacer visible las irregularidades, el Ejecutivo
Nacional asumió una estrategia incoherente. Por un lado cumplieron
parcialmente algunas de sus demandas, como bien las enumeró la postura
oficial tras el fallecimiento del huelguista, sin embargo por otro se
apostaba a la estrategia del desgaste y la difamación, para intentar
doblegarlo en su determinación. Algún día tendrá que responder por sus
actos un conductor del programa nocturno del Canal 8 que aseguraba tener
una filmación de la esposa de Brito con otro hombre; o aquellos que
manipularon y difundieron un video para intentar demostrar que Brito era
un chantajista. Su caso tenía una fácil solución si hubiese existido la
franca voluntad de dialogar y resolver el problema, sin embargo lo que
imperó fue el irrespeto, la soberbia y la intolerancia.

El error homicida del gobierno fue secuestrarlo en el hospital militar
pues obligó a Franklin a radicalizar su huelga. Cuando el gobierno intentó
retomar el diálogo el deterioro de su salud era irreversible. En ese
momento las demandas principales de Brito eran formalizar como
reparaciones materiales a daños contra su persona, las diferentes medidas
tomadas por el Ejecutivo en su caso y un pronunciamiento, a favor o en
contra, del propio presidente de la República.

En cualquier otro país la muerte de un huelguista de hambre hubiera
originado diferentes responsabilidades y renuncias. La Fiscal General de
la República debe meditar, concienzudamente, si es pertinente su
permanencia en el cargo. En cualquier escenario, la próxima Asamblea
Nacional debe revisar con la mayor rigurosidad su informe de gestión, y
decidir si la funcionaria ha cumplido cabalmente con sus funciones, o por
el contrario debe ser removida.

Como dice el trovador peruano Daniel F en su versión del tema "De cartón
piedra" de Serrat: "Me gusta estar con locos porque me llegan al pincho
los tipos demasiado sanos, los cuerdos, esos que dicen "para  que vamos a
hacer tal cosa si ya todo está perdido". En Venezuela hay una nueva
denominación para quienes deciden no claudicar en la defensa de sus
derechos: "trastornados de ideas delirantes".

Tomado de El Libertario.