(Les reboto un correo electrónico que me llegó, ya que suscribo completamente a su contenido. La historia no los absolverá).
MANIFIESTO DE LOS RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES VENEZOLANAS FRENTE AL PROYECTO DE LEY DE EDUCACION UNIVERSITARIA
El proyecto de Ley de Educación Universitaria, que fue dado a conocer el pasado lunes 20 de Diciembre y aprobado en primera discusión ese mismo día, pone en evidencia la violación por parte de la Asamblea Nacional de los principios constitucionales consagrados entre otros en el artículo 109 de nuestra Constitución Nacional, conforme al cual “El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley”.
El proyecto aprobado, en primera discusión, consagra todo lo contrario de lo que dice la Constitución, ya que de aprobarse, intentarán, haciendo uso de ese instrumento legal, que las universidades autónomas dejen de serlo, pasando a ser apéndices del Ministerio de Educación Universitaria, a quien se le atribuyen todos los poderes para decidir sobre la vida académica de las instituciones, privando a las universidades de las facultades para dictar sus normas de gobierno, funcionamiento y administración eficiente de sus recursos y sustrayéndoles las competencias para decidir sobre sus programas de investigación, docencia y extensión. También intentarán, que las universidades dejen de ser instituciones en las que priva el pluralismo político que se proclama en el artículo 2 de la Constitución, y con “el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo”, tal como lo proclama el artículo 102 de la Carta Magna. Por el contrario, pretenderán que las universidades se conviertan en instrumentos para la ejecución de un plan “socialista”, que no ha sido aprobado por la sociedad, contraviniendo la propia Constitución Nacional y colocándolas bajo un solo actor político, a quien se le da el título de “ente rector de la educación universitaria”, dejando por fuera a las instituciones universitarias, cancelando así definitivamente la autonomía que conquistó la Universidad Venezolana en 1958.
En el proyecto aprobado, se consagra una apariencia de participación de los sectores que hacen vida en el recinto universitario, pero es una oferta engañosa, destinada a ganar apoyos a los designios del gobierno, y se hace sin darle un carácter orgánico y racional y sin preocuparse por el logro de los objetivos de la institución. Por lo demás, todos sabemos que el objetivo de esta ley es la sumisión de la educación universitaria, en forma semejante a como se está haciendo con la economía nacional, y por ello se consagra un esquema organizativo absurdo, que generará la ingobernabilidad de las instituciones, y que pronto intentará ser sustituido por un régimen autoritario en lo interno, a imagen y semejanza al que se pretende implantar en el ámbito nacional. La insinceridad de la participación que se ofrece se evidencia desde el inicio, por el hecho de que el proyecto de ley que se discute no ha sido consultado con la sociedad, y mucho menos con las universidades, de modo igual a como se hizo con la Ley Orgánica de Educación.
La aprobación de este proyecto ha estado precedida por una etapa de varios años de agresión a las universidades nacionales, expresada en el cerco presupuestario, en el apoyo a las acciones violentas emprendidas contra el patrimonio universitario y contra la comunidad universitaria, en la abstención de las autoridades policiales y del Ministerio Público de investigar la mayor parte de los delitos que se cometen para impedir el normal desenvolvimiento de las universidades, en la suspensiones de clases y en el cierre de puertas, en las campañas de desprestigio emprendidas desde los altos niveles del Ejecutivo contra las autoridades de las universitarias nacionales y contra la autonomía como concepto.
En ese contexto, y frente a las contundentes respuestas dadas por las universidades en defensa de su autonomía, la actual Asamblea Nacional intenta sancionar en un lapso de receso navideño y en momentos de conmoción nacional, por el reciente período de lluvias e inundaciones, un proyecto de ley que normaría la vida universitaria, sin escuchar ni debatir los proyectos alternativos que fueron consignados ante la propia Asamblea, por parte de los universitarios.
Esta conducta, contraria y alejada del pensamiento de Simón Bolívar, quien el 24 de junio de 1827 decretó los Estatutos Republicanos de la Universidad, en los que se descartó el modelo napoleónico entonces en boga y se garantizó la autonomía plena de la Universidad, se acerca más al triste legado de José Tadeo Monagas, quien 20 años después deshizo la obra del Libertador, confiscó el patrimonio de las Universidades y dispuso por ley que “podrá el Ejecutivo remover de sus cátedras a los catedráticos desafectos al Gobierno”.
Pero se equivocan, quienes desde la Asamblea Nacional y el Gobierno apuesten a que los universitarios van a aceptar pasivamente la destrucción de la institucionalidad universitaria, que se ha venido consolidando en los años de la democracia que se inicia en 1958 y que ha producido resultados tangibles, en beneficio del país, y el reconocimiento internacional. La universidad como institución de gran prestigio y credibilidad en Venezuela está dispuesta a defender el marco constitucional, sus principios y valores, sus logros y especialmente la democracia como modelo de convivencia social.
Caracas, 22 de diciembre de 2010