Cuando se cumple el 23avo. aniversario del Caracazo es pertinente recordar las paradojas inherentes a, según lo invocado por el minestrone historiográfico oficial, uno de los hechos fundacionales del llamado “proceso bolivariano”.
Lo primero es la impunidad que aún rodea a la masacre. Recordamos que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció 14 acciones a realizar por el Estado venezolano. De este abanico apenas se han cumplido las correspondientes a las reparaciones materiales e indemnizaciones a los familiares de las víctimas por los diferentes gobiernos hasta la fecha. Y a pesar de ciertos avisos que han asegurado que la administración actual “ha cumplido” con la sentencia, esto es falso.
La justicia, como sabemos, no se reduce al pago de dinero si no se sancionan los responsables materiales e intelectuales de los crímenes. Este es el primer ítem de los resolutivos de la sentencia de la CIDH. Incoherencia de un gobierno que afirma estar cerca del humanismo y lejos de las gratificaciones materiales: Intentar convencer que ampliar la lista de beneficiarios de los cheques es un sucedáneo de la justicia. Esto nos lleva a las posibles responsabilidades en uno de los casos más vergonzosos de violación de derechos humanos en la Venezuela contemporánea. A pesar que el discurso oficial intente enfocar exclusivamente las culpas en el presidente y el ministro de defensa de la época, una investigación transparente señalaría la cadena de mando militar que hizo la sangría posible: Desde el alto mando militar, los oficiales subalternos hasta los soldados que descargaron contra los indefensos las ráfagas de ametralladoras.
Como ejemplifican las investigaciones de masacres similares en otros países de la región, en el banquillo estarían sentadas las Fuerzas Armadas en su conjunto, rindiendo un testimonio bastante diferente a lo reflejado por Román Chalbaud en “El Caracazo”.
Una tercera inconsistencia la constituye el hecho que los miembros del mayor partido de gobierno en el país fueron sus protagonistas, no como héroes sino como verdugos. Solamente recordar al mayor Felipe “El Catire” Acosta Carlés, muerto en los hechos y parte del movimiento originario del hoy presidente Chávez. Como bien lo detalló Manuel Isidro Molina, en 1989 diputado y parte de una comisión investigadora “-El Catire- llegó disparando a diestra y siniestra, reventaba puertas de humildes viviendas y “peinaba” a balazos la zona –barrio La Antena, Coche-, con su grupo de soldados”.
Por último, la insidiosa campaña de desprestigio realizada contra el puñado de mujeres, pioneras y constantes, en la denuncia de los excesos y agrupadas en Cofavic. La verdadera historia del 27F aún está por escribirse, no en tono de épica oficial, sino lo que verdaderamente fue: Una masacre realizada por militares.
@fanzinero
Rafael Uzcátegui