CONFLICTO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO INTRAURBANO EN MEDELLÍN

“Aquí en la ciudad también tenemos miedo.  Miedo de gente que nos mira como si fuéramos ladrones.  Miedo de los carros, del ruido, del metro, del hambre de nuestros hijos, las enfermedades, la falta de techo y el desempleo; añoramos el calor del rancho, el aire limpio, la montaña… nuestra tierra.”

 

Campesino desplazado del Aro-Ituango (1997)

 

 

 

RESUMEN

 

En este artículo se tratará una de las caras más reciente, pero no por ello menos graves, del desplazamiento forzado: el desplazamiento intraurbano, específicamente el caso de Medellín: ciudad esta que, por su característica de capital, por años receptora de desplazados rurales, su historial de violencias urbanas, la alta concentración de desigualdades sociales en su territorio y los poderosos intereses que en torno suyo se mueven, se ha constituido, por decirlo así, en el epicentro del citado fenómeno.

 

PALABRAS CLAVE

 

Desplazamiento

Conflicto

Medellín

Violencia

 

 

 

INTRODUCCIÓN

 

En los últimos años son millones los desplazados forzados en Colombia.  En algunas regiones se desplaza a la población para repoblar con “simpatizantes”; en otras se desplaza para anexionar las tierras abandonadas a los grandes latifundios ya existentes ó para dar paso a macroproyectos estatales y privados;  algunas personas se desplazan por amenazas directas y otras por  miedo a hechos de violencia inminentes. Mas allá de los motivos por los que es desplazada la población, es un hecho que el desplazamiento forzado es una tragedia humanitaria, presente en la totalidad del territorio nacional, con claras repercusiones en la región y a nivel  internacional.

 

Hasta hace algunos años, el desplazamiento forzado era un fenómeno casi exclusivamente rural. En lo político-militar, los diferentes actores del conflicto armado colombiano buscaban expulsar de ciertas regiones, poblaciones “simpatizantes del enemigo” y, en ocasiones, repoblar con sectores poblacionales afines a cada uno de los actores en disputa[1];  en lo económico, por su parte, la  llamada contrarreforma agraria ejecutada por el paramilitarismo e impulsada por viejos y nuevos terratenientes, aparece como la principal característica del desplazamiento forzado colombino. Sin embargo, en los últimos años, con la urbanización del conflicto, el fenómeno del desplazamiento se torna en una problemática urbana de profundas repercusiones.

 

El desplazamiento forzado no es hoy, entonces,  un fenómeno que afecta exclusivamente a la población rural, sino que se presenta también dentro de las ciudades, con el agravante de que, en muchas ocasiones, el desplazamiento itraurbano afecta a poblaciones que previamente habían sido desplazadas del campo a la ciudad y que, por las dinámicas del conflicto urbano, tiene que desplazarse nuevamente  de un barrio a  otro.

 

El desplazamiento forzado, dice Adriana Arboleda, Abogada Integrante de la Corporación Jurídica Libertad y del Colectivo de DDHH Semillas de Libertad CODEHSEL, “no parece ser nada nuevo, menos a un público que en su mayoría ha sido víctima directa de este doloroso crimen que abofetea la conciencia de la humanidad, pero al que la sociedad parece acostumbrarse indolentemente. Lo «nuevo» – por decirlo de alguna manera – es la realidad de lo que algunos académicos han llamado desplazamiento urbano o intraurbano, es decir, aquel que se desarrolla
al interior de las grandes ciudades como Medellín”[2]

 

EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO BREVE CARACTERIZACIÓN EN PERSPECTIVA AL DESPLAZAMIENTO.

Colombia, a lo largo de su vida republicana, ha sufrido una gruesa cantidad de conflictos bélicos de alcance regional y nacional, que,  para algunos historiadores, puede considerarse como un único conflicto de larga duración, por medio del cual viene configurándose la nacion colombiana.

Entre 1946 y 1958, Colombia vivió un conflicto armado generalizado de origen político, que sentaría las bases del actual conflicto; este periodo de guerra civil denominado como la violencia, daría paso,[3]durante los años sesenta y setenta, con el auspicio del Frente Nacional, a un conflicto de baja intensidad enmarcado en las dinámicas de la guerra fría, que se intensificaría en los ochenta y noventa y llegaría a ser, nuevamente hoy, uno de los conflictos armados más sangrientos del mundo.

En los 5 años más fuertes de la Violencia (1948-1953) murieron en Colombia unas 150.000 personas. En 1953, el golpe de Estado de Rojas Pinilla, auspiciado por los partidos tradicionales, significó una reducción en la intensidad del conflicto, pero también el inicio de la formación de los actuales actores armados.

Tras la derrota de Rojas Pinilla por los partidos tradicionales y la creación del Frente Nacional, algunas guerrillas liberales que no fueron cubiertas o no quisieron acogerse a las amnistías de Rojas Pinilla, inician contactos con grupos de autodefensas vinculados al Partido Comunista Colombiano y crean, en diferentes regiones, lo que, el entonces senador Alvaro Gómez Hurtado, denominaría: Repúblicas independientes.

Es así como el Frente Nacional, pese a lograr una significativa reducción de la violencia, no logra consolidar la paz e inicia una campaña de bombardeos aéreos y persecuciones contra dichas comunidades de autodefensas comunista-liberales. En 1964 se da el bombardeo a Marquetalia, que a la postre será el icono fundacional de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

De esta manera, señala Marc W Chernick  “la fisura vertical entre los seguidores de los liberales y los de los conservadores –partidos políticos poli-clasistas, dominados por las elites- , pasaría a ser una fisura horizontal, ahora entre el Estado – dominado por el acuerdo entre liberales y conservadores- y los que se consideraban excluidos del nuevo régimen.  Estas últimos incluyeron, tanto a los mencionados grupos de autodefensa liberal-comunista,  convertidos en una fuerza guerrillera móvil, las FARC, como a otros más recientes, fundados en este periodo, particularmente el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y el Ejercito Popular de Liberación (EPL)”[4]

En la etapa inmediatamente posterior, al fin del Frente Nacional, confluyen varias situaciones claves par el desarrollo posterior del conflicto sociopolítico colombiano: aumento de la violencia política expresada en la llamada guerra sucia del Estado colombiano contra los diferentes grupos de izquierda (armados y civiles); aumento de las operaciones ofensivas de la subversión, deslegitimación del sistema político y de los partidos tradicionales, corrupción y penetración del narcotráfico en diversas esferas de la vida nacional.

Con la elección del presidente Uribe en la primera vuelta electoral con un 53 % de los votos, se inicia una nueva fase en el conflicto armado nacional, donde, si bien el Estado toma la iniciativa a niveles nunca antes vistos en la lucha contra guerrillera y se crea un atmósfera de seguridad en buena parte del territorio nacional,  se desarrolla también un proceso de vinculación de civiles al conflicto y legitimación del proyecto paramilitar; así se crea la red de informantes y los soldados campesinos, pese al rechazo de organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel nacional e internacional; paralelamente se observa un aumento en las detenciones sin orden judicial, fruto de los servicios de la red de informantes y un aumento en las desapariciones forzadas con su consecuente repercusión en desplazamientos forzados de tipo intraurbano[5]. El desplazamiento forzado aparece, entonces, como uno de los principales y  más graves flagelos que caracterizan el estadio actual del conflicto sociopolítico nacional.

 

LO URBANO COMO ESCENARIO DEL CONFLICTO

 

La urbanización del conflicto armado, si bien pareciera ser algo nuevo, que se inaugura con el anuncio de las FARC-EP durante los diálogos del Caguan, de su pretensión de trasladar la confrontación a los principales centros urbanos,  como estrategia para tocar los centros principales de poder y responder a la reconfiguración demográfica que, en las últimas décadas, ha sufrido Colombia, encuentra antecedentes desde los años 80, con los procesos de organización de milicias populares, por parte de los diferentes grupos armados de izquierda, en las principales ciudades, sin embargo, es con el ascenso del paramilitarismo que el espacio urbano se transforma en el nuevo escenario de la confrontación militar.

 

En la llamada “I Cumbre de las autodefensas de Colombia” estos grupos aprueban “por consenso general (…) seguir considerando como blancos militares, a los cuadros políticos y sindicales de la extrema izquierda, mientras los grupos insurgentes no humanicen la guerra y continúen asesinando militares y civiles fuera de combate, así como a los familiares de los miembros de las autodefensas”[6]; de igual manera, en la Tercera Cumbre, definen estrategias de reconquista de territorios dominados por la insurgencia y plantean la intensificación de tareas de inteligencia en los principales centros urbanos[7],  con lo cual, se traslada definitivamente la violencia político-social a las ciudades y se intensifica una forma de desplazamiento hasta entonces residual: El desplazamiento intraurbano.

 

CONFLICTO URBANO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO

 

Es desplazado es toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones exteriores, violencia generalizada, violaciones masivas de derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores, que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público[8]

 

A partir de la definición general de desplazado, que proporciona la ley 387 de 1997, se puede caracterizar como desplazado forzado (intraurbano) a todas aquellas  personas que han tenido que huir de sus barrios, por temor a hechos de violencia directa o indirecta, ocasionados por la degradada fase que vive el conflicto armado colombiano en los grandes centros urbanos: combates armados en los barrios periféricos de la ciudad entre bandas, milicias, paramilitares, o fuerza pública; asesinatos, masacres, amenazas contra la vida, cobro de vacunas, reclutamientos forzosos, etc.

 

El conflicto interno, en su faceta urbana, hace entonces que, dentro del territorio de una misma ciudad tenga  que desplazarse un número cada vez mayor de  pobladores de un barrio a otro; este fenómeno, como suele suceder en el conflicto colombiano, afecta  con mayor frecuencia a personas de escasos recursos y mayor vulnerabilidad a las problemáticas conexas al desplazamiento, como la malnutrición infantil, ruptura del ciclo normal de estudios, drogadicción, prostitución y mendicidad; además, el desplazamiento intraurbano no le garantiza al desplazado estar libre de las causas originales de su desplazamiento y sí le carga con el peso del estigma social que ,suele caer sobre las víctimas de este fenómeno, convirtiéndolas en “culpables” a  lo ojos de una sociedad que discrimina y señala.

 

El desplazamiento intraurbano suele operar en los barrios donde más agudamente  se presenta el conflicto, como un mecanismo de apropiación de viviendas por parte de  los actores armados, ya sea para su uso directo como vivienda; para repoblar con sectores afines al grupo armado dominante en el barrio o para ser usadas como “bases militares” por parte de los combatientes. Esta última modalidad, muy extendida en algunos barrios del suroccidente y nororiente de la ciudad, reviste un particular peligro: no solo afecta a la familia desplazada de su vivienda, sino a toda la comunidad cercana, al hacer de una construcción civil un objetivo militar para el enemigo; la existencia de actores armados camuflados en viviendas que son usadas como bases, garitas o trincheras, hace difícil la distinción entre el combatiente y el no combatiente, colocando en peligro a la población civil; basta recordar los nefastos resultados de los ametrallamientos, sobre amplios sectores de la Comuna trece, realizados por la Fuerza Aérea Colombiana con el pretexto de la existencia de este tipo de bases.

 

CONFLICTO URBANO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO, EL CASO DE MEDELLÍN

 

Medellín junto a Barrancabermeja, es uno de los casos más dicientes de la problemática del desplazamiento forzado, pues, al mismo tiempo que es una ciudad receptora de desplazados rurales de diferentes regiones del país, se enfrenta a un alto índice de desplazamiento intraurbano. Según Gloria Naranjo Giraldo y Deicy Hurtado Galeano, investigadoras del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, el desplazamiento forzado urbano, además de incrementarse por la urbanización del conflicto armado,

 

“deviene de procesos de violencia asociados con problemas de larga duración en la construcción de la ciudad y la ciudadanía: en primer lugar,  los problemas estructurales propios del modelo de desarrollo que ha generado profundas inequidades, injusticias  y desigualdades para un alto porcentaje de la población, deteriorando cada vez más sus condiciones económicas y sociales. En segundo lugar, los problemas propios de un sistema político burocratizado, excluyente, corrupto e intolerante que ha eliminado la diferencia por la vía de las armas y que, a su vez ha motivado  la coexistencia de diferentes ordenes con pretensión soberana… En tercer lugar, los problemas culturales que han llevado a la exclusión y al infrareconocimiento de significativos grupos sociales que han desarrollado expresiones socioculturales y políticas y construido nuevas sociabilidades y formas de identidad, que no transcurren por los canales formales y convencionales de la cultura y la política”[9]

 

Medellín, como ciudad, desde los años ochenta, con la violencia del narcotráfico se inserta en la lógica de la confrontación bélica urbana e irregular que, con la política de lucha urbana y organización de milicias populares desarrollada por parte de la guerrilla y, posteriormente, con el ingreso y cooptación de bandas y  el afianzamiento territorial de los paramilitares, hacen que, prácticamente, la totalidad de la ciudad esté territorialmente involucrada en las dinámicas del conflicto armado nacional, con las graves consecuencias en violencia que esto conlleva.

En los años 80, la confrontación militar en Medellín se centraba en los intereses del cartel de Medellín, en su guerra contra el Estado y contra organizaciones rivales; paralelamente a la violencia del narcotráfico entran en el escenario urbano el  M-19, ELN, EPL y las FARC, con la intención de  desarrollar un proyecto militar urbano: las milicias

Para los últimos años de la década del noventa, bandas pertenecientes al antiguo cartel de Medellín, son desplazadas por otros grupos armados, en especial por las renovadas milicias de las FARC y el ELN que resurgen después de una fase de agotamiento, y las expresiones urbanas de las AUC. Este cambio en la composición de los actores en conflicto en Medellín, significó un escalamiento en la confrontación y un incremento en las consecuencias humanitarias de la misma, debido a la reconversión de los medios de guerra y las estrategias utilizadas: aparecen de forma cada vez mas frecuentes armas de largo alcance, explosivos y bombas y, en algunas ocasiones, armas de tiro parabólico, como medios de guerra, y el desplazamiento y “políticas» de tierra arrasada como estrategias militares.

Se especula que las AUC  llegaron a controlar, en su momento de  mayor actividad en la ciudad, el 70% de los barrios, que  hay unas  400 bandas delincuenciales activas en la ciudad y que hay más de 40.000 jóvenes muertos en choques armados en los últimos 10 años.

Medellín se ha constituido entonces, por las características específicas con que se ha manifestado la confrontación armada nacional al asentarse en su territorio, en receptora y productora de numerosos desplazamientos forzados, incluido el intraurbano. En los últimos 3 años, es cada vez mayor el número de personas que se van de la ciudad y del país por motivo del conflicto armado, sin que hasta el momento exista una respuesta adecuada por parte del Estado.

En Medellín, según cifras de la Red de Solidaridad Social  hay 67.000 desplazados, cifra que puede ascender a 200.000[10], según organismos de derechos humanos, sin embargo, estas cifras no incluyen de forma precisa o por lo menos estadísticamente confiable, a los desplazados intraurbanos, pues, por una parte, en muchas ocasiones, no son reconocidos como desplazados dentro de las estadísticas oficiales y por otra, la cercanía latente del peligro en la ciudad, hace que muchas víctimas de la violencia urbana que tienen que desplazarse, no lo denuncien.

Es de destacar además, por  su magnitud, que en la ciudad, al igual que en el campo, también se presenta el fenómeno del desplazamiento forzado masivo, donde un número plural de familias huye de su barrio por motivos ligados al conflicto armado. En Medellín, según la Corporación Con-vivamos, “También se han presentado casos de desplazamientos masivos organizados, como el ocurrido en el Asentamiento El Esfuerzo, en límites de los municipios de Bello y Medellín, donde 180 familias fueron expulsadas, y algunas de ellas fueron albergadas en lugares improvisados y otras fueron a vivir a casas de vecinos y familiares.  En el barrio la Honda ocurrió un desplazamiento masivo no organizado de 10 familias que tomaron diferentes rumbos; de igual forma, en el barrio Bello Oriente, 20 familias, en los Populares 350 familias, Altos de Oriente 447 familias.  La comunidad del barrio El Salado también padeció los rigores de la violencia con el desplazamiento de 65 familias, las cuales fueron albergadas en el Liceo de las Independencias y las cuales ganaron una acción de tutela interpuesta al Estado para ser reconocidos como desplazados intraurbanos”[11]

El desplazamiento intraurbano, por su relación directa con el conflicto armado y la focalización de este último, principalmente en las zonas periféricas de la ciudad, afecta principalmente a personas de los estratos 1,2 y 3, personas que, en la mayoría de los casos, se desplazan a sectores de la ciudad con igual o menor estratificación o hacia asentamientos de invasión de reciente formación, lo que perjudica las posibilidades de acceso, de estas personas, a los servicios públicos básicos, a la salud y a la educación.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

El desplazamiento forzado intraurbano se ha configurado en los últimos años, como una estrategia de guerra, propia de la actual fase de urbanización del conflicto nacional; sin embargo, cabe preguntarse si es solo eso.  Hay que recordar que el desplazamiento rural se explicó durante varios años como la respuesta de la población a los peligros que para ellos conllevaba la confrontación militar, especialmente, se decía, entre guerrilla y paramilitares;  sin embargo, no habría de pasar mucho tiempo para que se rebatiera dicha explicación; la llamada contrarreforma agraria  (relatifundisación de la tenencia de la tierra)  y los nuevos macroproyectos públicos y privados, comenzaron a aparecer precisamente en las zonas de desplazamiento, lo que insertó en los esquemas de análisis del desplazamiento forzado, la cuestión económica y agraria y con ellas la cuestión social.

 

El desplazamiento intraurbano, desborda también la explicación meramente militar.  Como se ha visto, el desplazamiento forzado golpea a los sectores más pobres de la ciudad; a aquellos que, se puede decir, afectan los proyectos de ciudad en que Medellín se ha embarcado: Ser una metrópoli moderna, globalizada e internacionalmente competitiva, supone para el capital nacional e internacional, sino el exterminio, por lo menos el aplastante ocultamiento de la problemática social y, claro está, de los pobres.

 

 

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