El 7 de octubre, Hugo Chávez pretende prolongar su mandato a 21 años de gobierno ininterrumpido. He aquí las razones por las cuales votaré en contra de este candidato.
Un modelo de gobierno vertical. Se nos vendió un modelo participativo y democrático, donde «las bases» y «el pueblo» tendrían entre sus manos las herramientas para elegir su destino. Esta postura, plebiscitada por toda la sociedad venezolana cansada y decepcionada de las formas de gobierno anteriores, jamás llegó a fruición. En el 2012, los tan cacareados «colectivos», por ejemplo, no son más que cajas de resonancia del poder central, donde no existe ninguna posibilidad de pensamiento crítico. El planteamiento no es horizontal y democrático –es vertical y estalinista. Esto es culpa del propio Chávez, cuyo carácter, obsesiones, inseguridades y sobre todo, su pasado militar, no le dejan concebir que sus ideas sean criticadas. Chávez no comparte el poder, lo acumula con gula y lo utiliza con severidad y malcriadez, como veremos a continuación.
Independencia inexistente de poderes. Las democracias funcionales dividen el poder entre las tres ramas –ejecutivo, legislativo y judicial–; en Venezuela, esta división es inexistente. En el 2004, después de un juicio que no favorecía a Chávez, este tildo el veredicto del Tribunal Supremo de Justicia de «una plasta«, y alteró el equilibrio de poder para llenar el Tribunal de fichas leales a su persona. Esta estrategia, conocida como «court packing«, supeditó la legalidad de todo el país a los designios de una sola persona.
Artimañas electorales. Chávez respeta las elecciones y las discusiones en la esfera pública… Siempre y cuando sean asépticas y le den exactamente los resultados esperados. Chávez está lejos de ser un demócrata: su irrespeto a la voluntad popular y al voto están más que probadas. En el 2008, después de perder un referéndum, declaró que era «una victoria de mierda» y volvió a presentar su proyecto de reelección eterna. Otros aspectos de la reforma rechazada, como el cambio de nombre de las Fuerzas Armadas del país y la creación de las milicias bolivarianas, fueron pasadas por decreto, en contra de la voluntad popular. En el 2009, ante la perspectiva de una derrota inminente en las elecciones a la Asamblea, Chávez echó mano de una artimaña bajísima: reorganizar las circunscripciones electorales para darle una mayoría de escaños con una minoría de votos (el conocido «Gerrymandering«).
Prácticas autocráticas. Luego de perder la gobernación de Caracas, Chávez volvió a apelar a una propuesta rechazada por la mayoría en el 2007: reorganizar el panorama político. Inventó, ex nihilo, un nuevo puesto, nombró a dedo al representante y transfirió todos los recursos, incluida la oficina, a este mandatario ilegítimo. De esta manera, Chávez manifestó, otra vez, su desconocimiento de la voluntad popular y del candidato elegido por el pueblo. Esta práctica, vertical y autoritaria, llegó a su paroxismo con el desconocimiento de las propias bases de su partido en las elecciones regionales. Chávez ha decidido nombrar, a dedo y desde arriba, a los candidatos, pasando por encima de las organizaciones de base y de la lógica natural de todo partido que se precie de democrático. Esto llevó a la embarazosa situación en Carabobo, donde Chávez pretendió imponer a un militar, Ameliach, por encima del candidato de las bases. Los gritos de protesta, en su propia concentración, no se hicieron esperar.
Uso de los Tribunales con fines políticos y partidistas. Chávez ha perseguido, mandado a encarcelar y dictado sentencias a sus opositores, sin el más mínimo respeto de cualquier procedimiento legal. En el 2009, Chávez ordenó por televisión que se encarcelara al exGobernador de Zulia, Manuel Rosales. El contralor de la República dictó un auto de detención al político, sin precisar el motivo de su detención. Luego de varias acusaciones distintas, se decidió finalmente que Rosales se había equivocado en su declaración patrimonial, y por ello debía ser encarcelado. El político huyó del país. De hecho, este uso autoritario del poder volvió a aparecer este año, cuando el gobernador de Zulia propuso un referéndum popular sobre el racionamiento de la gasolina que pretendía imponer el ejecutivo. Chávez amenazó al gobernador, diciéndole que «podía seguir los pasos de Manuel Rosales«. Igual sucede con la jueza Afiuni, encarcelada por decreto televisivo de Hugo Chávez, quien se convirtió en acusador y juez otra vez en el 2009. Muchas organizaciones de Derechos Humanos se han hecho eco del caso, incluyendo a Noam Chomsky. Afiuni sigue presa.
Escándalos de corrupción. Hugo Chávez y los miembros de su partido han convertido las finanzas de Venezuela en una sola caja negra. Según reportes recientes, hay 100 millardos de dólares sin trazo en los últimos 7 años. Por ejemplo, PDVSA, la empresa estadal petrolera, perdió 500 millones de dólares, correspondientes a la jubilación de sus empleados, en un esquema piramidal Ponzi. No sólo se usa el dinero del país a discreción, sino que se utiliza para interferir en la política de los demás países. En el 2007, el gobierno envió 800 mil dólares en una maleta para apoyar la campaña de Cristina Kirchner. Mientras Venezuela se queja y grita ante los organismos internacionales que es «soberana» y que rechaza la injerencia, Chávez ha intentado sublevar a los militares en Paraguay y ha interferido en los asuntos de Honduras, utilizando el dinero del país para sus intereses políticos.
Escándalos de nepotismo. Mientras que Alberto Gonzales, hombre de confianza de George W. Bush, fue removido del cargo de manera bochornosa y vergonzosa por contratar a una persona y utilizar sus contactos para favorecer la contratación, Cilia Flores, allegada a Chávez, contrató a 38 familiares y los colocó en puestos dentro de la Asamblea Nacional. Jamás se hizo imputación o averiguación alguna. Es sólo el escándalo más vistoso en un país donde todos los familiares de Chávez ostentan cargos importantes, sin tener mérito alguno para ejercerlos.
Dos tipos de justicia (no todos los animales son iguales). Chávez ha utilizado el Tribunal Supremo, que él controla, para perseguir y amedrentar a sus opositores, mientras sus partidarios jamás son llamados a dar explicaciones. Mientras que, como mencionábamos arriba, a Manuel Rosales se le dicta un auto de detención sin ningún tipo de acusación, kleptócratas como Juan Barreto, exAlcalde de Caracas, se robaron hasta el tobo de la basura (literalmente) y las pocetas de la Alcaldía, sin siquiera ser llamados delante del Congreso. Las dos justicias aparecen claramente en casos como el del hacendado Franklin Brito, a quien se le robó su tierra, utilizando como excusa la Ley de Tierras. Por otro lado, la hacienda de Chávez, ahora de 600 mil hectáreas y a nombre del testaferro Nelson Izarra, jamás ha sido evaluada por dicha ley. De hecho, el diputado Wilmer Azuaje acusó a la familia de Chávez por enriquecimiento ilícito ante el Contralor de la República en el 2008. El Contralor rechazó el expediente y procedió en cambio a investigar a Azuaje por enriquecimiento ilícito. Fue retirado de la Asamblea Nacional y perseguido por difamación en el 2010, luego de que su hermano fuera abatido por sicarios en el 2009.
Un discurso violento e insultante. Gobernando y controlando todas las instituciones con un puño de hierro, Chávez ha instaurado un sistema que amedrenta a todos aquellos que lo contrarían. Un articulista de opinión de la oposición, por ejemplo, fue castigado con una multa millonaria, por escribir un texto de ficción en el que imaginaba un diálogo con la hija de Chávez. Del otro lado del espectro político, Chávez no sólo permite, sino que aúpa, el uso de un lenguaje cáustico inadmisible. Es así como el presentador más importante de la cadena de televisión del Estado llamó «hijo de puta» a un editor periodístico. Sin embargo, el mismo tribunal que condenó a un escritor por publicar una columna ficticia de opinión determinó que, en este caso, gritar «hijo de puta» en la televisión pública era una manifestación de libertad de expresión. De la misma manera, el partido de Chávez ofende y agrede a las minorías: recientemente, el Canciller llamó a la oposición «sifrinos mariconsotes«, hecho que no creó el más mínimo revuelo en el partido de Chávez, ni en este mismo.
Por estas razones, y por muchas más que no me caben en tan poco espacio, es que no votaré por el candidato Chávez el 7 de octubre. El lector se habrá percatado de que no titulé esto, «por qué votaré por Capriles», simplemente porque no tengo ninguna esperanza en las soluciones mágicas e inmediatas. De ganar, Capriles heredará un país quebrado, endeudado, desangrado. La infraestructura más básica es inexistente o se cae a pedazos; la deuda contraída estrangula la economía; el Estado hipertrofiado es inoperante. Venezuela es el país con mayor inflación del planeta. Es uno de los países más violentos del mundo. Es uno de los últimos países en seguridad para la inversión. Es uno de los más corruptos. Una generación completa de profesionales formados y de alto nivel se busca la vida en el exterior. Las Universidades mueren, a cuentagotas. El tejido social ya no existe; el ciudadano, ya no existe.
Con este panorama, sería ridículo afirmar que en cuatro años vamos a estar como Brasil. No soy tan iluso. Lo único que le pido a Capriles es que me garantice la alternabilidad, base indiscutible de la democracia. Que devuelva los militares a los cuarteles. Y, finalmente, que logre orquestar una discusión sensata, seria y realista sobre la inseguridad.
Con hacer esas tres cosas, habremos avanzado bastante.