Rafael Uzcátegui
Como ya es parte de nuestra historia contemporánea, durante el intento de Golpe de Estado ocurrido el 27 de noviembre de 1992, un total de 63 internos del Retén de Catia fueron asesinados por efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana. Según información recopilada por Cofavic “Los guardias abrieron las puertas del recinto carcelario y anunciaron que la población penal estaba en libertad. La confusión se adueñó del recinto penitenciario. La mayoría de los internos afirmó que se recluyó en sus celdas, para resguardar su vida. Los órganos de seguridad dispararon indiscriminadamente en contra de la población reclusa utilizando armas de fuego y gases lacrimógenos. La mayoría de las muertes se produjeron en el patio de la prisión y en las orillas del río Guaire por donde fueron arrastrados los cuerpos sin vida de muchos internos”.
Si bien aquello conmocionó a la opinión pública, y derivó en el cierre definitivo del recinto penitenciario, dentro del país la omisión de los órganos de administración de justicia mantuvo la impunidad en los hechos. El caso tuvo que ser llevado ante el Sistema Interamericano de protección a los Derechos Humanos para intentar alcanzar justicia. Fue así como el 5 de julio de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaba una sentencia que otorgaba al Estado la responsabilidad de los sucesos del Retén de Catia, establecía las reparaciones pecuniarias, y señalaba la obligación del Estado venezolano de investigar los hechos y mejorar la situación general de las cárceles en el país. Hasta el día de hoy, esta sentencia se ha incumplido.
Sin embargo, los medios oficiales venían informando sobre los “avances” en la investigación del caso. Tres hechos resaltan de las notas periodísticas del periodismo bolivariano, como por ejemplo la publicada por YVKE Mundial en http://www.radiomundial.com.ve/node/151521. Una es que para la Fiscalía y diputados del PSUV, las responsabilidades no sólo se limitarían a los funcionarios que abrieron fuego, sino que incluyen al ex presidente Carlos Andrés Pérez, al entonces gobernador del Distrito Federal Antonio Ledezma, al director del penal Eloy Mora y al comandante de la Policía Metropolitana, general José Barrios. El segundo elemento, que llama la atención, es que la historiografía bolivariana ha borrado la participación de la Guardia Nacional en los hechos. Por último, el detalle que los diputados oficialistas reivindican la sentencia de la CIDH y exigen su cumplimiento.
Lo que es igual no es trampa. Si uno se guía por la lógica judicial que inspira las acciones contra la Masacre en el Retén de Catia, similares decisiones deberían tomarse en la reciente Masacre de Uribana, en donde según la versión oficial hay 56 muertos, pero recientemente el Observatorio Venezolano de Prisiones ha contabilizado su número en 63, precisamente la misma cantidad que el crimen de hace 21 años atrás. Una segunda coincidencia, para decirlo elegantemente, es que en ambas masacres participó la Guardia Nacional, hoy Bolivariana. Si es cierto que existe voluntad política de aclarar y castigar los hechos por parte del actual Ejecutivo Nacional, como lo han hecho para el Retén de Catia, las responsabilidades abarcarían al presidente Hugo Chávez (o en su defecto a Nicolás Maduro), la ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Varela, el director de la cárcel Nelson Bracca y la línea de mando de la Guardia Nacional Bolivariana.
En su reciente informe “15 años de DDHH en Venezuela: Inclusión en lo social, exclusión en lo político”, Provea realizó un balance de las políticas dirigidas al sector penitenciario. De 1997 al año 2011 fueron asesinadas en las cárceles venezolanas un total de 5.862 personas privadas de libertad. En ese mismo lapso resultaron heridos 17.725 reos. Las cifras son más que elocuentes del fracaso de las políticas públicas en materia penitenciaria. Es cierto que la violencia dentro de las cárceles no fue generada por la administración bolivariana, pero también es verdad que la misma se ha mantenido y agudizado exponencialmente durante su gestión. La ineficacia de la llamada “humanización penitenciaria” debería motivar la renuncia de la ministra Varela, quien no cuenta con las herramientas necesarias para revertir las problemáticas a las que se enfrenta.
El presidente Chávez tiene la potestad de colocar a otro funcionario o funcionaria de su confianza en el cargo, con la disposición y los conocimientos necesarios para abordar la dura y compleja situación de las cárceles venezolanas. Es muy mala señal que la violación del derecho a la vida de 56 personas, para tomar el mínimo reconocido por las cifras oficiales, no genere ningún tipo de sanción sino el espaldarazo de todo el tren ministerial gubernamental. Parecería que la única causa de despido en tiempos bolivarianos es la infidelidad política. Uno quisiera pedir “Catia o Uribana nunca más”, pero manteniendo a Iris Varela en el cargo, es imposible conjugar esta frase.