Uno de los principales retos de una democracia es consolidar el reconocimiento de las minorías. Su peor riesgo, instaurar la tiranía de una mayoría que maneja las instituciones para legitimar su dominio sobre el resto. En la hegemonía no hay equilibrio. La palabra griega “demos”, que significa pueblo, debe incluirnos a todos, sin excepción.
La verdadera democracia rechaza la igualdad al estilo de “Rebelión en la granja”, donde todos somos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros. La proporcionalidad es un requisito fundamental para garantizar los derechos y la representación de todos los ciudadanos, de nuevo, sin excepción.
Los gobiernos se encuentran siempre en una situación delicada. Son elegidos por una mayoría pero legitimados por todos los ciudadanos, incluidos sus opositores, a través del reconocimiento y el respeto a las instituciones. Un régimen debe resistir en todo momento la tentación de gobernar solamente para la parte que lo eligió.
Actualmente hay varios gobiernos que no entienden esto, los motivos son tema para otra ocasión. El proyecto político que comenzó con Chávez y que ahora conduce Maduro, es un ejemplo típico de esta desviación. Para la “revolución bolivariana” la democracia es un instrumento de legitimación utilizado para perseguir, intimidar, segregar y aplastar a la disidencia valiéndose de los recursos que el sistema democrático coloca a su disposición.
La politización de la Fuerza Armada Nacional, el control de cambio, la ley de medios de comunicación, las purgas a instituciones como el TSJ y el CNE, y las expropiaciones realizadas al sector privado, son solo algunos ejemplos de medidas que han sido implementadas para asegurar el control de todos los espacios del escenario político nacional. Muchas de estas “reformas revolucionarias” son legales porque cuentan con la aprobación de la Asamblea Nacional o cualquiera de las instituciones que hayan sido encargadas de ejercer la voluntad del gobierno bolivariano.
Lo lógico, y lo más sano, es que existan diversos canales que sirvan para contrarrestar el poder del gobierno y contribuir a encauzar esas tendencias destructoras de la proporcionalidad y del reconocimiento de las minorías. En el caso de Venezuela es todavía más necesario porque el país está dividido prácticamente en dos mitades iguales. Y más allá de los tecnicismos lingüísticos, la mayoría está llamada a reconocer a la minoría no solamente porque deba respetar los principios democráticos, sino porque el escenario político la obliga a ello. Unos cientos de miles más o menos (que actualmente están en discusión) no constituyen una hegemonía en un universo de millones de personas. Es fundamental que el chavismo entienda y reconozca esto. Por ahora no ha mostrado tener intenciones de hacerlo.
Son los ciudadanos entonces quienes están llamados a exigir que se respete la proporcionalidad y exista un balance en el ejercicio del poder. En este sentido, los medios de comunicación, y especialmente los periodistas, son un elemento decisivo en la configuración de las dinámicas del poder y el establecimiento de un equilibrio que promueva la disensión.
En este punto hay que hacer una distinción fundamental. El periodismo es, en esencia y por definición, oposición al gobierno. No solo a este, sino a todos los gobiernos. Es el responsable, y qué gran tarea ha asumido, de democratizar el conocimiento. En pocas palabras, debe convertirse en el canal a través del cual el pueblo sepa qué está haciendo su gobierno, evitando que la información sea manipulada o que el desconocimiento sea aprovechado para perjudicarlo.
El periodismo a favor de un gobierno no es verdadero periodismo, es propaganda. Cuando el compromiso con la verdad es sometido por una ideología política y la voz pública de la crítica es controlada por los lineamientos de un partido, los medios de comunicación se convierten en facilitadores del adoctrinamiento. La desinformación es uno de los pilares del autoritarismo y un síntoma inequívoco de ilegitimidad.
Venezolana de Televisión, canal del estado cuya función es comunicar información institucional y de interés para la nación, ha sido transformado durante 14 años en un instrumento de proselitismo político y propaganda ideológica. Utilizado como un activo adicional del partido de gobierno ha sido despojado de toda institucionalidad. Hoy representa la máxima expresión de la polarización mediática y es responsable de generar, junto a otros medios oficiales y de oposición, realidades paralelas irreconciliables que han contribuido a profundizar la división del país, hoy perfilada como un apartheid político.
Foucault describió con gran agudeza la peligrosa relación que existe entre el conocimiento y el poder. La idea fundamental es que dondequiera que haya conocimiento encontraremos mecanismos de poder intentando controlarlo. Como ciudadanos siempre nos hallamos en desventaja frente a una maquinaria estatal especializada en capitalizar nuestra vulnerabilidad. Solo la verdad puede protegernos, solo la verdad puede luchar contra los excesos del poder y sus patologías.
Los gobiernos son siempre sospechosos. Sean de izquierda o de derecha, históricamente han demostrado que tienden a ser corruptos, autoritarios e ineficientes. Dispuestos en todo momento a ocultar sus fracasos y a manipular la información para mantener su estabilidad. Para los más inescrupulosos la gobernabilidad es un tema de percepción: si la gente cree en las mentiras, el poder nunca estará amenazado.
En un país en el que la objetividad ha sido aniquilada por el discurso político es responsabilidad de cada uno de nosotros contribuir a desmontar la propaganda. Restaurar el valor de la palabra y liberar el debate de dogmatismos ideológicos. Algún día la historia juzgará a quienes sin remordimiento han utilizado la mentira como política de estado, a todos aquellos que han vendido su conciencia por dinero y también a los que han permanecido callados. Tal vez a ellos no les importe, pero a nosotros sí.
En una crisis como la presente, estamos llamados a movilizarnos, no es momento de permanecer como espectadores en los márgenes, tenemos que involucrarnos. La hegemonía comunicacional del gobierno bolivariano no es un proyecto, es un hecho, y sin descanso sus agentes trabajan para generar matrices de opinión viciadas por la ideología. Como en una terrible versión alterna del cuento de Borges, millones han confundido el mapa con el país y hasta que no rasguemos el velo no podremos empezar a reconstruir sobre las ruinas que han quedado.
Para algunos no es una cuestión de verdad, justicia o igualdad, si el país no es lo que ellos quieren prefieren verlo arder. No podemos permitirlo, verdad sobre todas las cosas.