La participación de las comunidades en el quehacer diario, y más aún, en la gestión de todas aquellas soluciones relacionadas con sus necesidades reales o sentidas, como parte de un país que se niega a permanecer estancado o encasillado, según los viejos modelos políticos, en un proceso de desarrollo social dependiente de lo que una minoría “Clasista” decide es bueno o malo, justo o necesario, al parecer está llegando a su fin, para dar a paso a la verdadera “Democracia Participativa”, donde desde un enfoque “Socialista y Revolucionario”, pero sin las deficiencias de los modelos y experiencias, hartas conocidas mundialmente, que parecieran estar destinadas a perpetuarse como “Recetas Fracasadas”, las cuales solo han sembrado miseria, haciendo “Más Ricos a los Ricos y Empobreciendo Muchísimo Más a los Pobres” escondiéndose en la mascarada de una utopía filosófica llena de hermosas ideas pero de abominables deseos personales por parte de sus ejecutores, ya no tendrán cabida en la Patria Grande de Bolívar.
Por ello concuerdo, con lo expuesto por Landaez y Quijada (2005), quienes señalan que en Venezuela, como en todos los países de Latinoamérica, los problemas y vicisitudes sociales, económicas, políticas y ambientales, entre muchas otras, son ampliamente conocidas, resaltando como las necesidades básicas no son satisfechas, a pesar de las grandes riquezas con las que cuentan nuestros países, y mucho menos se ha alcanzado una sostenibilidad de vida, lo cual ha traído como consecuencia la obstaculización del progreso que ésta pueda tener como sociedad, remarcándose que “una sociedad oprimida y subyugada por las contrariedades que le ocasionan dichos problemas jamás podrá prosperar y tener una perspectiva futurista positiva” (ob.cit:02), mucho menos socialista o humanista.
Y es allí donde considero, sin lugar a dudas, que la participación de todos y cada uno de los actores que cohabitan las diferentes comunidades y plataformas sociales en Venezuela, como una masa multiforme pero socialmente simbiótica, son capaces de lograr su desarrollo pleno y sustentable, de manera armoniosa desde las bases, llamémosle pueblo, colectivos o comunidades, “El Verdadero Poder Popular”, cambiando los esquemas y paradigmas pre establecidos y el “Orden Impuesto” desde las cúpulas que asumen el poder del Estado, como una especie de “Gran Hermano” que todo lo ve y todo lo puede siempre contando con el poder que dan las armas o el dinero, ambos inclusive, en el cual, según el esquema Marxista, “La Superestructura” estaría cubriendo con un manto de impunidad a la “Estructura” fabricada y establecida sobre las bases de los viejos preceptos de la mal llamada “IV Republica”, retroalimentándose y protegiéndose ambas. En otras palabras, más de lo mismo, o el perfeccionamiento de lo más malo.
Pero para entender el presente es necesario revisar, aunque sea brevemente, el pasado próximo de la política pública venezolana, y en particular la participación comunitaria en la gestión de las políticas públicas, hasta llegar a la participación comunitaria en la gestión pública municipal a través del Consejo Local de Planificación Pública, mejor conocido como CLPP, teniendo claro que la participación ciudadana, es un proceso social, dinámico, autónomo, consciente y crítico que debe proponerse la democratización del poder.
Partamos así, desde el año 1964, cuando en el gobierno de Raúl Leoni, se promulga el Programa Nacional de Desarrollo de la Comunidad, el cual buscaba coordinar las acciones gubernamentales y comunitarias, que facilitaran la dotación de una infraestructura urbanística, de corte populista afianzándose más en los aspectos deportivos y culturales, con carácter asistencialista. El cual según, Machado (2009:174), más que una forma de estimular la organización autónoma de las comunidades “era una estrategia política diseñada para garantizar una adhesión al pacto de elites para garantizar la gobernabilidad tras la dictadura de Pérez Jiménez y neutralizar la influencia que pudieran tener otras fuerzas disidentes en estos sectores”. Se observaba así, en ese entonces, como el Estado buscaba dinamizar y dirigir las formas organizativas comunitarias.
Para la década de los 70, se dio un apogeo en el desarrollo de las organizaciones populares, caracterizadas por dinámicas autónomas, prácticas democráticas y elevados niveles de participación social, buscando por sobre todo demandas de carácter reivindicativas, focalizadas, en su mayoría en las transformaciones políticas que la formación social venezolana requería. No obstante, las demandas de los sectores populares fueron minimizadas haciendo uso de los recursos financieros que facilitaban la renta petrolera, mediante consensos sociopolíticos artificiales y conciliaciones populistas por parte de las elites que manejaban el Estado, el cual se le llego a denominar el “Estado de Bienestar”, destacándose significativamente como para el periodo (1974-79), ante la necesidad de canalizar los ingresos adicionales por concepto del aumento el precio del petróleo, y la toma de medidas urgentes en materia económica, como el presidente Pérez obtuvo poderes extraordinarios, con los que creó el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) y la nacionalización de la industria del hierro, promoviendo el pleno empleo y el salario mínimo. Lo cual no logró calmar la crisis económica y la amplia diferenciación de la brecha social entre los más ricos y los más pobres, agudizándose la frustración del pueblo venezolano que no entendía a donde fue a dar la abundancia de recursos económicos que obtuvo la nación.
La crisis económica, de alguna manera reimpulso la formación de diversos tipos de organizaciones con finalidades distintas al igual que el origen de clases de las mismas. Según Machado, ya en los 80 “lo que existía en términos organizativos se encontraba en situación de dispersión, debilitamiento y fragmentación. Se había llegado a una situación de retroceso en las formas organizativas.” (ibídem)
Esto trajo como consecuencia que los partidos políticos, principalmente AD y COPEI, se posicionaran de las asociaciones de vecinos, usándolas como espacio de disputas y control, llevándolas a su desgaste y desprestigio como forma organizativa popular. Pero al encontrarse, el tema de la participación ciudadana, como política de Estado dentro del marco de reformas del mismo, esbozadas y llevadas a cabo a mediados de los ochenta y buena parte de los años 90, se desarrolló una estrategia fundamentada en la descentralización, mediante la ley que permitió la elección de los gobernadores (designados antes de 1989 por el Presidente de la República) y la creación de la figura del Alcalde y su elección popular en cada uno de los municipios que integraban la división político-administrativa del país. (Cilano, Córdova y Chaguaceda, 2009)
Se observa entonces en la Venezuela de los 90, un resurgimiento de las organizaciones populares, con amplias manifestaciones y movilizaciones populares exigiendo reivindicaciones, principalmente laborales y asistenciales por parte del estado venezolano, adquiriendo paulatinamente altos niveles de confrontación llegando a estadios violentos, ante un Estado que se conformaba cada vez más tecnócrata y de corte neoliberal, el cual favorecía más a la empresa privada y los capitales foráneos, siguiendo recetas económicas impuestas desde las grandes transnacionales representadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La situación anteriormente planteada, conllevó a lo que se denominó “El Caracazo” y a dos intentos de golpes de Estado en el año 92, contando con el apoyo de una porción considerable de los sectores populares a los responsables de ambas intervenciones militares, sumándose un creciente rechazo a la institucionalidad democrática, político partidista, existente que no logró satisfacer las crecientes demandas sociales, económicas y participativas de la sociedad venezolana.
Ante ese escenario políticamente turbulento, surge la figura de Hugo Chávez con ideas transformadoras contrastantes con el sistema político instituido desde 1958, conllevando primeramente a la reforma de la Constitución Nacional en 1999. Este nuevo texto constitucional, presenta innovaciones relacionadas con la participación ciudadana en la estructura del Estado, pasándose, de una democracia de carácter representativa a una democracia participativa, con énfasis en la inclusión política y la acción ciudadana en todos los ámbitos, nacional, regional o municipal, fomentándose además la creación de los Consejos Comunales (CC) en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2005, Art. 112), como instancias de articulación entre las manifestaciones comunitarias, grupos sociales y ciudadanos, con miras al desarrollo del Poder Popular en el ejercicio directo de la planificación y gestión de las políticas públicas, especialmente locales.
La Constitución Nacional de 1999, establece en su Artículo 99 la existencia de los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP), presididos por los alcaldes, concejales, representantes de las juntas parroquiales, organizaciones vecinales y grupos organizados. Por su parte la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (2002), señala en su Artículo 8, promover la red de los Consejos Comunales y Parroquiales, para configurarlos como centro principal de participación y protagonismo del pueblo organizado y efectivamente participante en la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas. Mediante la aprobación de la Ley del Poder Público Municipal (LOPPM), a partir del Artículo 112 hasta el 114, se colocaron los Consejos Comunales (CC) como instancias de los Consejos Locales de Planificación, es decir como parte del modelo local de planificación, integrante del Sistema Nacional de Planificación Pública (SNPP).
Como era de esperarse, la promulgación de la Ley de los Consejos Comunales debilita las instancias locales de participación formales, ya que posiciona a la organización comunitaria como una estructura superior que serían los Consejos Comunales, generándose un conflicto con las instancias gubernamentales locales, llámense Alcaldías y Consejos Municipales, por la lucha en la distribución presupuestaria y competencias, lo cual va de la mano con la promoción de la participación política del pueblo, desde la óptica Marxista fundamentada en la Dialéctica y la Confrontación, del “Materialismo Histórico”. En sí lo que el Estado busca es que los CC se establezcan como otro nivel de gobierno, con base en el desarrollo de proyectos, cuyo financiamiento se efectué directamente por el ejecutivo nacional mediante fondos generados, principalmente, por los ingresos excedentarios de la renta petrolera, recordemos que el presupuesto nacional se ha estado calculando con un precio del barril de petróleo muy inferior al del mercado internacional, y los cuales en la actualidad son asignados a través del Consejo Federal de Gobierno, así como la participación de algunas empresas del estado como CANTV, Venvidrio (Antes FAVIANCA) o Cemento Andino en el plano local. Y tal como lo señalan (Cilano, Córdova y Chaguaceda, 2009:67) “Estos operarían como suerte de “bypass de los niveles estaduales y municipales” y germen para el “establecimiento de una institucionalidad paralela” mayormente subordinada el ejecutivo” .
Entonces, aunque estamos totalmente de acuerdo con la Transformación Profunda y Necesaria del Estado, que ha demostrado ser una MAQUINARIA DE CORRUPCIÓN Y MANEJOS DE CAPITALES PARA BENEFICIOS DE “MINORÍAS SELECTAS”, a través de la aplicación ideas éticas, sociales, políticas, ideológicas y económicas orientadas al beneficio de las Mayorías deslastrándose del Modelo Capitalista, nos hallamos en la misma posición que Lander (2004:01) quien considera que las transformaciones hasta ahora aplicadas, no han demostrado ser distintas al modelo capitalista apuntando que “la ausencia de alternativas claras al modelo capitalista neoliberal hegemónico, no es de extrañar que no exista hoy en Venezuela lo que podría caracterizarse propiamente como un proyecto alternativo de país. Son más claras las propuestas en el plano político que aquellas referidas al modelo económico. Los valores que orientan el proceso no llegan a constituir un proyecto orgánico o estratégico del país que se quiere”. Posición está, que podemos afianzar con las argumentaciones de Arenas (2007:25) al considerar que se dio “una reconcentración cada vez mayor de poder en el presidente Hugo Chávez, e incluso los diseños de participación más importantes, como los Consejos Comunales, forman parte de una estructura vertical, cuyo pináculo es el Presidente. A las tensiones inherentes a toda representación se ha respondido entonces con más centralismo”, así como lo señalado por Lanz (2009:01) quien plantea que “Por ahí van los consejos comunales. Que por cierto es lo más avanzado que tenemos, que al mismo tiempo es otra tragedia; porque a cuenta de qué el poder popular va a ser montado desde el Estado. ¿Qué poder popular es ese que se instituye desde el Estado? Es política pública, el Estado los financia y los legisla… Eso es lo más alejado del poder popular”.
Y es en el contexto presentado anteriormente, que nos planteamos la ineficacia de la Gestión de las Políticas Publicas locales, donde pueden observarse, manifestaciones públicas realizadas por parte de líderes comunitarios apegados al proceso revolucionario, líderes de diferentes Consejos Comunales con participación en el CLPP, quienes señalan existe una inconformidad del “colectivo venezolano”, ante la manera como se operativiza la gestión pública por parte del ejecutivo municipal. Ahora bien, esta situación más allá de estar comprometida con una posible indolencia, o actos no cónsonos con la tan cacareada moral revolucionaria que debe prevalecer en los regentes municipales, podría deberse a la falta de conocimiento en el manejo de las políticas públicas municipales, o a la aplicación de modelos de gestión obsoletas y fuera del ordenamiento legal vigente.
Ante este cuadro de situación, surge la necesidad de diseñar nuevas herramientas para intervenir en la comunidad y gestionar las relaciones en este contexto dinámico y complejo. En tal sentido, se puede definir el liderazgo en las organizaciones como un espacio de sincronía y gestión de significados. Un espacio tan rico como incierto, donde las subjetividades en interacción van trazando una red especial de percepciones. Y allí cabe preguntarse ¿Cómo gestionar realmente con la comunidad?.
La hipótesis que se traza para comenzar a responder este cuestionamiento, es que se gestiona con más diálogo e interacción comunitaria. De acuerdo con lo que dice Saez Vacas, (citado en Manucci, 2004:01) “para que una institución pueda afrontar con éxito la complejidad del entorno competitivo cambiante debe aumentar su complejidad, aunque no tanto en su estructura (orden) como en su función y tratamiento de la información (comportamiento)». Con estos parámetros, puede considerarse que pensar en un modelo de gestión estratégica implica pensar en un modelo de gestión comunitaria para generar organizaciones flexibles y competentes.
A partir de estas reflexiones, consideramos necesario revisar dos concepciones claves en la configuración de la vida municipal institucional: la concepción de espacio y tiempo, donde la concepción de espacio implica analizar el “TERRITORIO DE CREDIBILIDAD” en el que la municipalidad se mueve, porque desde esta realidad se diseñan las intervenciones comunitarias, que conforman el “Poder Popular”. Cosa muy distinta a la que se viene dando en Nuestra Pobre y Golpeada Venezuela…¡