Desde hace años el sector de la educación universitaria viene afrontando una situación conflictiva que va desde la insuficiencia presupuestaria hasta el irrespeto por parte de los gobiernos de turno en cuanto a la aplicación de las Normas de Homologación, las cuales tienen la categoría de decreto-ley desde el año 1982, y significan una normativa de escala móvil de salario, bajo la cual los sueldos son indexados según el promedio bianual del índice inflacionario del BCV.
Esta crisis inaguantable llevó a los profesores universitarios a tomar la medida de paro nacional ante un gobierno sordo e irrespetuoso, en demanda del cumplimiento de las justas reivindicaciones. Después de haber agotado todas las formas de lucha durante varios años.
La arremetida gubernamental en contra de los trabajadores universitarios ha tenido diversos frentes simultáneos. Por un lado, la imposición de una Primera Convención Colectica Única (ICCU), sin consulta con las bases profesorales, la cual no sólo violenta las Normas de Homologación sino que en buena parte de su contenido coloca en peligro a la autonomía universitaria, al pretender intervenir en aspectos sensibles y propios de la carrera universitaria. A esto se agrega la política deliberada del gobierno de imponer antidemocráticamente sindicatos patronales paralelos y ajenos a las bases, como por ejemplo Fenasinpres. Por si fuera poco el irrespeto anterior, los universitarios en lucha han tenido que resistir el ataque físico y verbal de grupos esquiroles adeptos al gobierno, quienes además han interpuesto demandas ante tribunales amañados.
No obstante, los profesores de 18 universidades autónomas nacionales se han mantenido firmes levantando sus justas demandas a tal punto que algunos sectores estudiantiles se han unido con sus propias consignas (aumento para las becas, mejores salarios para los preparadores, etc.).
El sector laboral de los empleados administrativos y obreros universitarios no escapa a la crisis, pero la posibilidad de cualquier movilización masiva y autónoma de estos trabajadores en defensa del salario ha sido menguada por direcciones gremiales y sindicales al servicio del gobierno, llegando incluso al extremo de la traición, como es el caso de Eduardo Sánchez (Sinatraucv) quién ha llamado al levantamiento del paro nacional universitario.
Con estas desigualdades, los universitarios en paro han comenzado a verle frutos a esta digna lucha, entre los que destacan el hecho que el gobierno haya tenido que revisar más de una vez las injustas y discriminatorias tablas salariales impuestas mediante la ICCU (que están por debajo del aumento que se obtendría si se aplicasen las Normas de Homologación desde año 2004, por lo menos). Este también ha tenido que reconocer que la Convención vulnera la autonomía universitaria, y reconocido que las categorías y ascenso de los docentes han de regirse por la ley de universidades vigente. Además, el reconocimiento de las asociaciones de profesores y su federación, Fapuv, y también que los derechos laborales son progresivos e intangibles, todos estos son, ninguna duda, logros de la movilización y el paro. A esto debemos agregar la victoria para el sector estudiantil en cuanto al aumento de más de un 100% en las becas, entre otras reivindicaciones.
Pero hoy, pese a los notables avances en la lucha universitaria, como producto único y exclusivo del paro nacional, el conflicto se encuentra en una etapa crítica, pues el gobierno ha planteado una serie de puntos de discusión para las mesas de diálogo que siguen reflejando el interés de éste en cuanto a la imposición de aspectos relacionados con la ICCU original, además que sigue cerrado a discutir la vigencia de las Normas de Homologación.
Peligrosamente, algunos dirigentes profesorales han querido presentar estos avances como la razón suficiente para levantar el paro nacional, sin un plan de lucha a través del cual se defienda la motivación primordial del paro universitario: las Normas de Homologación. Estos son los mismos que han sido rebasados por las bases, los cuales tienen como política no realizar asambleas en las facultades y universidades.
En momentos en que se aproxima el fin del período vacacional, el conflicto universitario sigue abierto, ya que las Normas de Homologación están en riesgo. Es por ello que desde las bases profesorales y los comités de conflicto se debe exigir un plan de lucha concreto que contemple asambleas de base; que cualquier decisión respecto al paro se tome en dichas asambleas, y que esto no esté en manos exclusivas de las directivas gremiales ni de Fapuv. Que se impulsen comités en cada Facultad; que los directivos de las asociaciones de profesores y Fapuv se apersonen en cada Facultad y universidad alertando a la comunidad, y que se mantenga la posibilidad de decretar una nueva “hora cero” en caso de que el gobierno no respete las Normas de Homologación y no reconozca las deudas por aumento salarial desde el 2009, máxime cuando ya los salarios ajustados por el gobierno comienzan a sentir los embates de la inflación acumulada. Este plan de lucha debe establecer la solidaridad y unidad con todos los sectores laborales del país que en la actualidad se encuentran en conflicto y que en rasgos generales vienen resistiendo la misma política antiobrera del gobierno: el irrespeto a las normativas laborales, el derecho a la libre asociación sindical, el derecho a la huelga, el rechazo a la criminalización de la protesta. Por esta razón debemos organizar la protesta nacional junto a los demás sectores laborales mediante un nuevo encuentro con Fadess y todas las corrientes sindicales combativas.
!La defensa de las Normas de Homologación es irrenunciable!