Un país, dos legalidades

I

Anoche me acosté arrullado por las suaves notas de un exquisito reguetón – en donde se repetían con frecuencia las palabras dámelo, mami y perreo – y esta mañana me desperté con un hip pop que hacía apología al hampa, al plomo y al aguardiente. Por fortuna tengo el sueño pesado, pero mi esposa no goza de la misma suerte y me dijo que el estruendo no había cesado un momento: fueron alrededor de 12 horas de ¿música? continuada. Y éste no fue un hecho aislado: esas fiestas patronales son frecuentes en los alrededores de donde tengo ubicada mi residencia. En esos casos uno llama a la policía, invocando la ordenanza contra ruidos molestos, y ese cuerpo actúa selectivamente. Recuerdo hace unos años, cuando unos muchachos se inventaron una fiesta metalera: no había llegado la medianoche cuando un par de patrullas de Polisucre se presentaron a la puerta de la casa en donde se llevaba a cabo la pachanga «diabólica», y acabaron con ella.

¿Cuál es la diferencia entre ambas situaciones? Unos trescientos metros lineales, más o menos. Es la distancia que separa la casa del cuento de la fiesta metalera, situada en la calle Terepaima de El Marqués, del Barrio San Miguel, en donde ocurren las rumbas patronales que duran toda la noche y a veces parte de la mañana. Cuando se ha llamado a la policía, la respuesta ha sido que ellos allí no entran.

II

¿Nunca los han parado en una autopista para pedirle los papeles, y les han revisado el carro buscando alguna luz defectuosa, un vidrio partido o algo similar? Es práctica corriente, y no debería tener nada de extraordinario. Es más, debería ser la norma: la seguridad primero. Por lo general, las personas que reciben ese trato son muchachos que acaban de sacar la licencia, o personas mayores fácilmente impresionables. Pero por otra parte se ven circulando por las vías ciertos vehículos que deberían ocupar un lugar preferencial en alguna chivera, y que hacen que uno se pregunte cuál sortilegio les permite seguir rodando sin desarmarse de repente. Chatarras que en el mejor de los casos ocasionan enormes trancas cuando se quedan accidentadas en medio de la calle, y en el peor causan víctimas por propiciar algún choque. Esos carros deberían ser desincorporados de inmediato del parque automotor, pero ningún ente público toma alguna medida al respecto.

III

En estos días hubo una protesta masiva de motorizados. El motivo de dicha manifestación fue la inconformidad del gremio por el alto precio de las motocicletas y de los repuestos. Como resultado de la «pacífica» protesta, un vehículo particular tuvo daños severos, y leí que una menor sufrió una fractura en su brazo. La respuesta de las autoridades ante esta barbaridad fue darle la razón a los motorizados y emitir la promesa de emprender una cruzada contra las empresas que comercian con el rubro motociclístico. Pero, ¿para las personas afectadas por la acción de los motorizados habrá justicia? Dados los antecedentes me abrogo el privilegio de ponerlo en duda.

* * *

¿Qué tienen en común las tres situaciones descritas? La existencia de dos raseros, de dos legalidades que se aplican a discreción de las autoridades. O más bien, la ausencia de legalidad para un sector de la población, que es inmune a la aplicación de las leyes que regulan la convivencia en sociedad. No pretendo satanizar en estos párrafos a los sectores de menos recursos, ni estoy insinuando que todos ellos vivan al margen de la ley. Soy un firme creyente de que la mayoría de la gente es en esencia decente y quiere vivir en paz. Pero la violencia de algunos de los miembros de la comunidad en donde hacen vida los desborda y tienen que desarrollar habilidades para poder sobrevivir en ese ambiente inhóspito. Estoy seguro, por ejemplo, de que a la mayoría le molesta tener una fiesta prendida toda la noche al lado de su casa, pero se cohíbe de protestar para evitar represalias. Está instaurado un régimen de terror, en donde quien tiene las armas tiene el control de la zona. Y ese mismo régimen es el que impide que las autoridades actúen. Es un problema estructural, en el cual la falta de educación cívica es pilar fundamental. Mientras no se ataque el problema de raíz, y como única medida se apliquen pañitos calientes, esta situación no va a mejorar; muy al contrario va a seguir creciendo, y la gobernabilidad de la ciudad, ya bastante precaria en la actualidad, va a colapsar por completo en corto tiempo.