Al ciudadano Carlos Andrés Pérez, Presidente de la República; a los ciudadanos senadores y diputados al Congreso Nacional; a los partidos políticos representados en el Congreso:
Venezuela atraviesa una difícil y peligrosa situación política, económica y social. Los mecanismos y las orientaciones por medio de las cuales se ha desarrollado la acción de Estado y la vida nacional en todas sus manifestaciones, por lo menos desde 1958, ya no corresponden ni a las necesidades de desarrollo económico y social, ni a la realidad económica y política del país, ni mucho menos, a las líneas y objetivos fundamentales de la gran reorientación política y económica que, de manera tan poderosa, está ocurriendo en el mundo de hoy.
Desde hace mucho tiempo se ha hecho patente la necesidad de introducir reformas sustanciales en el funcionamiento del Estado y de sus órganos, hacer más eficaz y responsable la administración pública, pasar de una economía y una sociedad subsidiadas por la renta petrolera a otras distintas, más sanas, estables y progresistas, que tengan por objeto hacer efectiva la representación democrática, la participación popular, y lograr una economía productiva para una sociedad más libre, más justa, más segura de sí misma. La creación de la COPRE por el gobierno nacional fue una forma de respuesta a este requerimiento impostergable. Los trabajos realizados hasta hoy por ese organismo constituyen un conjunto muy valioso y una base seria para las reformas más urgentes que requiere la democracia venezolana.
No se puede esperar más tiempo. Sería torpe y contrario al interés nacional posponer o reducir el alcance de esas reformas. Se requiere proceder sin más retardo a la realización sincera de algunos cambios fundamentales sin los cuales será difícil y azariento abrir las vías y lograr las metas que el país requiere para salvar su presente y su futuro.
Es evidente, por ejemplo, que el poder ejecutivo nacional tiene que ser redimensionado. La creciente multiplicación de las agencias que hoy dependen directamente de la presidencia de la república condena al gobierno a la lentitud, la incoherencia y la ineficacia.
Serían necesario reducir y adecuar el número de ministerios a los grandes sectores fundamentales de la administración, llevar adelante la descentralización de la administración pública, desembarazar al Estado de su ineficiente y costoso papel de empresario fracasado y ruinoso, reemplazar eficazmente el capitalismo de Estado por una economía más libre, más competitiva y más productiva. Para ello, tal vez considerar la posibilidad de adoptar un sistema de poder ejecutivo, inspirado en el ejemplo de la quinta república francesa, con un presidente con poder decisorio y con un primer ministro sometido a cierto grado de responsabilidad parlamentaria.
Todo esto es necesario y no debe postergarse sin grave riesgo para el futuro de nuestra democracia pero, ante las circunstancias negativas crecientes que agobian la vida social, no puede esperarse indefinidamente para acometer las más primordiales de estas reformas.
Algunas de ellas deben y pueden iniciarse de inmediato y con celeridad porque forman la base misma de todas las posibles mejoras futuras. Entre éstas se deben señalar las siguientes:
Reforma del Sistema Electoral vigente para sustituirlo por mecanismos de real participación del electorado, con circunscripciones delimitadas para elegir a un solo candidato uninominalmente, y alguna forma suficiente para mantener la representación proporcional de las minorías.
Legislación específica que defina y determine las actividades de los partidos políticos, su democracia interna, sus recursos, sus finanzas, su publicidad y la duración y costo de las campañas electorales.
Legislación para establecer rigurosamente las formas y requisitos para contratar con el Estado.
Hacer pronto y eficazmente todas las modificaciones necesarias para asegurar la independencia, la respetabilidad y la eficacia del Poder Judicial. Sin un Poder Judicial autónomo y responsable ni puede haber libertad, ni hay democracia efectiva, cuya base es la autonomía cierta del poder de juzgar.
Preparar y promulgar sin retardos un cuerpo legal que sustituya la actual legislación que, de forma inconexa, incompleta, y hasta contradictoria, define y castiga los delitos de corrupción administrativa. Ese nuevo instrumento jurídico debe definir claramente todas las formas que en la actualidad han llegado a revestir los delitos de peculado, cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, a fin de lograr de manera efectiva e inobjetable el oportuno castigo de los culpables de la ola de corrupción que corroe los fundamentos de nuestras instituciones democráticas. Que no haya más delitos sin delincuentes ni continúe la impunidad insolente y desmoralizadora de aquellos indiciados evidentes que, por fallas y complacencias de nuestra legislación y nuestros tribunales, desafían abiertamente la moral y el Derecho.
Estas reformas inaplazables deberían llevarse a cabo durante las sesiones del Congreso del presente año. Habría incluso la posibilidad de iniciar y completar cualquier enmienda de carácter constitucional que fuera necesaria, a fin de que no más tarde del año de 1991 estas reformas pudieran ser puestas en vigor y darle con ellas a la democracia venezolana la posibilidad plena de enfrentar con éxito y con solidaria decisión las graves circunstancias que hoy la amenazan.
Los que hemos tomado esta iniciativa no constituimos una agrupación política, ni siquiera un grupo de acción cívica, sino un fortuito conjunto de venezolanos que han creído necesario plantear en esta hora una forma de acción colectiva y legal que vaya más allá de la simple denuncia para ofrecer una vía de salida para sacarnos del negativo estado de espíritu en que el país se debate. No pretendemos ni aspiramos a desempeñar ningún papel en la estructuración de estas reformas. Las confiamos enteramente a los órganos legales del poder público y a los partidos políticos como una contribución de buena fe, que ni excluye ni descalifica ninguna otra. Esperamos que esta gestión de buena voluntad pueda contribuir a señalar vías de solución a la grave situación nacional y que ofrezca a todos los venezolanos formas prácticas y realizables para responder razonablemente a las amenazas que se acumulan contra la democracia venezolana, que nuestro pueblo ni quiere, ni debe, ni puede dejar perder.
Esta fue una carta escrita por el grupo de «Los Notables», digase: Arturo Luis Berti, Alfredo Boulton, Miguel Angel Burelli Rivas, María Teresa Castillo, Jacinto Convit, Tulio Chiossone, José Román Duque Sánchez, Arnoldo Gabaldón, Ignacio Iribarren, Eloy Lares Martínez, Ernesto Mayz Vallenilla, Domingo F. Maza Zavala, José Melich Orsini, Hernán Méndez Castellanos, Pastor Oropeza, Pedro A. Palma, Rafael Pizani, Carlos Guillermo Rangel, José Vicente Rangel, Alfonzo Ravard, Elías Rodríguez Azpúrua, Isbelia Sequera Segnini, José Santos Urriola, Arturo Úslar Pietri, Martín Vegas. A el Presidente Carlos Andres Perez el 10 de agosto de 1990.
Más válido hoy que nunca.
El cambio es necesario, no sólo de la presidencia si no de todo el sistema político, y lo peor es que los mismos problemas que hace 23 años nos atormentaban hoy siguen presentes pero multiplicados en gravedad unas 15 veces.
