Digamos que lo que ha ocurrido con Gabriela Ramírez, la Defensora del Pueblo, no sea más que una gran confusión, una mala elección de palabras y que, en realidad, ella no está apoyando de ninguna manera las torturas como método para sacar información. Al fin y al cabo, todo es relativo y estamos demasiado sensibles como para poder escuchar bien. Aceptemos eso.
Aceptemos también la irresponsabilidad de los periódicos El Nacional al editar el video de Ramírez y no dar explicaciones. Aceptemos que varios medios hayan simplemente borrado la noticia, cometiendo una falta ética que va en contra de sus lectores y les resta credibilidad.
Tras eso, acoto que experimenté cómo fueron sacados de la red dos videos en tiempo real: uno el de El Universal y otro subido en Dailymotion por un usuario anónimo. No es un secreto para nadie, visto lo visto, que en el país hay una guerra mediática de lado y lado, con hackers habilidosos y periodistas parciales. La certeza más grande de nuestras informaciones viene de Twitter y todo hay que confirmarlo una y otra vez. En todo este proceso perdemos mucho tiempo y muchas veces, como apunta Francisco Toro en Caracas Chronicles, desviamos la atención del verdadero problema.
¿Cuál es el verdadero problema? Que más allá de lo que quiso o no quiso decir la Defensora del Pueblo es que, en primer lugar, está evidentemente confusa sobre nuestra constitución con respecto a lo que se considera tortura, y en segundo lugar pero no menos importante, queda esta pregunta: ¿qué está defendiendo la Defensora? Siempre dando buena fe a la confusión de sus palabras, deberíamos preguntar cuál es, al fin y al cabo, su posición sobre las torturas registradas en las últimas semanas a los venezolanos que han elegido utilizar su derecho a la protesta.
Tras todo el lío, la Defensora publicó en su Twitter (@gabrieladelmarp) cosas que me confundieron aún más por tratar de no indignarme:
«Para quienes creen todo lo que leen ¡La tortura es el acto más abominable en el que puede incurrir un uniformado!»
Y luego dice:
«Venezuela castiga a los torturadores con penas de 25 a 30 años. Es vital distinguir tortura de tratos crueles para imponer penas justas.»
Y esa aclaratoria, como aquel «tiene sentido» me provoca incomodidad. Sobre todo porque la constitución condena la tortura y los tratos crueles. Seguramente sea un problema de incomprensión pero la Defensora pareciera justificar el hecho de que la gran mayoría de las denuncias por tortura no se hayan investigado. Imaginemos, claro, que estoy exagerando pero preguntémonos: ¿qué está haciendo la Defensora a favor del pueblo en un momento tan crítico como el que vivimos? Y sigamos: ¿por qué en su foto de Twitter aparece abrazada al ex-Presidente Chávez? ¿No debería la Defensora del Pueblo estar separada del gobierno para que su juicio no caiga en conflicto de intereses?
Yo veo muy grave la situación de que los medios de oposición sigan haciendo el ridículo y dando razones al gobierno de continuar el show, como han hecho los últimos quince años. Pero mucho más grande me parece una Defensora del Pueblo que no exige justicia cuando hay pruebas de grupos armados paramilitares azotando a la población junto a la Guardia Nacional.
Veo muy grave y muy irresponsable que Ramírez pierda tiempo definiendo qué es tortura en vez de investigar los casos donde el gobierno ha sobrepasado sus límites reprimiendo a la gente.
Si el país se ha convertido en un nido de delincuentes, es culpa de la impunidad, promovida por el deterioro de las instituciones. Ese daño lo ha hecho la yuxtaposición de gobierno y Estado, como bien puede verse en las declaraciones de Gabriela Ramírez, quien ha decidido sustituir la defensa de su pueblo por el de una ideología.
Por nuestra parte queda seguir informándonos y mantener informados a los demás, no sólo de lo que ocurre todos los días sino de aquello que ha ido desapareciendo: conceptos legales sobre derechos civiles y constitucionalidad, conceptos de país, de democracia, de fascismo, de socialismo, etc. Es nuestro deber, desde afuera o desde dentro, sacar del control mediático del gobierno y de la oposición a los ciudadanos, sin ser partidistas.
Giulio Vita
@elreytuqueque