Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y número dos del chavismo, ha sido acusado formalmente en Estados Unidos por su ex jefe de seguridad, Leamsy Salazar, por supuestamente liderar el Cártel de los Soles. Cabe destacar que el capitán Salazar había sido halagado por haber “cumplido con la patria” durante los incidentes del 2002 por el finado Hugo Chávez Frías. Ahora ni siquiera el hijo del ex presidente se salva de dichas acusaciones.
Cuando se analiza con profundidad la guerra contra las drogas, se puede afirmar que el remedio resultó peor que la enfermedad. El modelo que pretendía y aún pretende evitar el uso y abuso de las drogas, originó problemas mayores tales como el narcotráfico, criminalidad, intoxicaciones por adulteración de drogas, sobredosis, más gastos económicos, saturación de cárceles, debilitamiento de las instituciones del Estado, entre otros problemas.
El director contra las Drogas, José Miguel Medina, informó el 29 de Enero del 2015 en el programa radial “En Sintonía con el Ministerio Público” en Radio Nacional de Venezuela, que el Ministerio Público logró 10 mil 306 condenas por delitos relacionados con el tráfico de drogas entre los años 2008 y 2014. Asimismo, el director indicó que han sido incautados 3 millones 19 mil 631 kilos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Dichas declaraciones buscan blindar estratégicamente la guerra contra las drogas en todos los escenarios posibles. Es decir, si el número de condenas e incautaciones aumenta considerablemente, entonces, significa que la represión y la lucha contra la droga son efectivas. Pero en el caso contrario, ¿si las condenas y los decomisos disminuyen también serviría como prueba de que el modelo prohibicionista funciona?
No son pocos los políticos y expertos que hablan sobre el fracaso de la guerra contra las drogas. Muchos incluso hablan de la “descriminalización” del consumo como el comienzo del fin de esta era. Si bien es cierto que la despenalización es un avance considerable, no obstante resulta todavía insuficiente. La legalización o regulación de las actividades afines a los estupefacientes debería ser el próximo paso. Sin embargo, existe una gran resistencia por miedo e ignorancia. De igual manera, este modelo conservador ha justificado la adquisición de armamento por parte del gobierno y agentes del “orden”, así como también ha sido crucial en la restricción de libertades individuales.
Incluso la mismísima sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la ponencia del magistrado Juan José Mendoza Jover, estableció históricamente con la publicación de la sentencia número 1859, la que está insertada en el expediente número 11-0836, que a los imputados y condenados por el delito de tráfico de drogas de menor cuantía puede concedérseles fórmulas alternativas para el cumplimiento de las penas que le hayan impuesto. Sin embargo, las personas condenadas por el tráfico de drogas de mayor cuantía solo podrán obtener beneficios cuando cumplan las tres cuartas partes de la pena impuesta.
Si bien la decisión busca cumplir con una “transversalidad humanista que apunta a una reinserción social” – tomando en cuenta que las cárceles se han convertido en universidades del delito – el tráfico de drogas de menor y mayor cuantía seguirá siendo atractivo en un contexto de crisis económica. La despenalización del consumo fue el primer paso y al parecer dicha decisión de aplicar penas alternativas representaría el paso siguiente a aceptar que el norte es la prevención.
En conclusión, a pesar de que la mayoría de la población venezolana sabe que las autoridades no pueden controlar el mercado ilícito, ni siquiera en recintos penitenciarios de alta seguridad, esa misma población sigue insistiendo ingenuamente en el modelo represivo que originó el narcotráfico en primer lugar.