¿El Problema del Narcotráfico y la Política del Avestruz? – Harold Haftsadi

Nadie sabe en qué medida los escándalos de narcotráfico afectaron al “Gran Polo Patriótico Simón Bolívar” en la contienda electoral del pasado 6 de diciembre. Ya que la popularidad del gobierno de Maduro se encontraba en su nivel más bajo desde que asumió el poder en el 2013, y eso tiene que ver más con la crisis económica, política y social, que con cualquier bochorno vinculado al narcotráfico.

En la II encuesta sobre delito organizado de 2015 (Lacso/OVV/ODO, 2015:30), vale la pena destacar que si bien el tráfico de drogas es considerado una de las tres actividades más comunes del delito organizado en Venezuela, se ubica en el tercer lugar, después del contrabando de alimentos, medicinas o productos de higiene, y del robo y venta de vehículos y repuestos.

A pesar de lo antes expuesto, ningún gobierno en momentos difíciles desearía lidiar además con denuncias en su contra sobre supuestas implicaciones en el tráfico ilegal de estupefacientes. Por consiguiente, Maduro se vio en la necesidad de reafirmar que “Venezuela no vive ni vivirá jamás de la venta de las drogas”.

Sin embargo, los 13 escándalos de droga que han salpicado a la revolución bolivariana, sin incluir los más recientes, han evidentemente consolidado una matriz de opinión en contra del gobierno chavomadurista. Por tal razón, se consideraba igualmente que el tráfico de drogas ilegales y la corrupción eran cuentas extras por cobrar en las pasadas elecciones parlamentarias. Solo falta esperar por los procesos de rendición de cuentas, que aunque necesarios, solo se enfocarían en las consecuencias y no en la causa del problema.

Dicho eso, sería injusto y además un insulto a la inteligencia de los lectores, insinuar que el fenómeno del narcotráfico es un problema exclusivo del chavismo o de Venezuela, América Latina o de un gobierno de izquierdas o de derechas. Así como también sería más de lo mismo, si se insinúa de forma simplista y/o propagandística que con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) el narcotráfico va a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos con el mismo modelo fracasado.

Es decir, si se sigue omitiendo la normalización de los mercados ilegales en el país y el mundo, la crisis socioeconómica, la criminalidad, la cercanía al delito del venezolano, la saturación de las cárceles, la falta de perspectiva en los jóvenes, los nuevos procesos de reformas en el continente, así como los frustrantes resultados de la política antidroga liderada – entre otros – por EE.UU; entonces difícilmente se puede hablar de cambio y progreso en esta área.

En honor a la verdad, el Gran Polo Patriótico y la Mesa de la Unidad Democrática legislaron conjuntamente un paquete de leyes para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. La pregunta obligada es, ¿han sido positivos los resultados?, ¿sí? – entonces – ¿por qué se maneja la hipótesis de que Venezuela es un “narcoestado”?, ¿se podría sugerir la tesis de la «guerra mediática»?, o ¿acaso estamos simplemente siendo con este modelo utópico prohibicionista los falsos enemigos de la narcopolítica?

¿Entre más represivas sean las leyes, habrán menos problemas de uso y abuso de drogas?

El paradigma de reducir la oferta y criminalizar el consumo sigue siendo la política oficial de la Casa Blanca y de la mayoría de los Estados. Los argumentos más comunes son: la ilegalidad de las drogas disuade el consumo, el aumento de la disponibilidad de drogas conduce a mayores costos en salud y seguridad, así como, la legalización de las drogas no eliminará el crimen organizado.

La variedad en la aplicación de las políticas de drogas en la práctica a nivel mundial deberían servirnos para comparar y analizar los resultados en términos de efectividad, eficiencia, salud pública, seguridad y derechos humanos.

Por un lado, tenemos regímenes en China, Indonesia, Malasia, Irán, Gaza y Arabia Saudita, entre otros, que siguen condenando a pena de muerte a personas que hayan cometido delitos relacionados con sustancias ilegales, a pesar de estar en contravención con el derecho internacional.

Cabe resaltar, que Amnistía Internacional insiste en que el derecho internacional limita el uso de la pena de muerte “para el más serio de los casos”, entiéndase en sentido estricto, como el homicidio doloso o intencional. Los expertos en la materia afirman que la compra o venta de estas sustancias ilegales no entran en esta categoría y que el derecho internacional promueve la progresiva abolición de la pena capital.

Algunos todavía insisten en la idea «entre más represivas sean las leyes de un país, más se dificulta el acceso a sustancias ilegales», y en consecuencia, la sociedad tendría menos problemas por el uso y abuso de sustancias psicoactivas. Que al final el “noble” objetivo de tener una sociedad sobria, sana y segura; justificaría la radicalidad o barbaridad de los medios. Sin embargo, los estudios demuestran lo contrario.

El caso de la República Islámica del Irán llama poderosamente la atención, por ejemplo, a pesar de su tradicional política represiva con respecto al comercio de sustancias psicotrópicas, el diario británico de amplia divulgación, The Economist hizo pública la noticia de que el país de 75 millones de personas, tiene aproximadamente 2 millones de personas adictas al Crack (así le llaman los iraníes a una sustancia altamente adictiva derivada de la heroína, distinta al Crack-Cocaine). El efecto disuasivo que pretende generar la pena de muerte no ha logrado impedir el comercio que genera el consumo de estos 2 millones de drogodependientes.

En ese orden de ideas, el portal de noticias sobre el Medio Oriente, Al Monitor ofrece en inglés el comunicado del funcionario del órgano de control de drogas del gobierno iraní, donde se anuncia que el 47% de los chóferes profesionales en el país tienen contacto directo con narcotraficantes, independientemente de la severidad de las penas de ese país.

Si las leyes represivas no ofrecen un panorama esclarecedor, entonces, la crisis económica que comprende una tasa de desempleo juvenil superior al 28%, una inflación anual del 42% y la falta de comercios y/o actividades alternativas; sí podrían – en cambio – ofrecer algunas explicaciones que no excluirían otros factores como el hecho de compartir frontera con Afganistán (país productor de opio) y la prohibición del alcohol, entres otras cosas.

En el caso venezolano, existen flagrantes contradicciones en la política de seguridad del gobierno chavomadurista. Es decir, ni el discurso del «hombre nuevo» ni la estrategia de la «mano dura» han logrado los objetivos deseados. El plan Gran Misión a Toda Vida Venezuela, prometía la creación de «zonas de paz» como uno de sus objetivos fundamentales. No obstante, estas medidas han sido ampliamente criticadas por supuestamente permitirle a las bandas actuar de manera impune.

En consecuencia, el gobierno decidió poner en práctica estrategias represivas (Operativo Protección y Liberación del Pueblo – OLP) justamente antes de los comicios electorales del 2015, con un alto componente de participación militar. En ese sentido, la ONG Provea, advierte que el 90,8 de las detenciones practicadas en el marco del OLP han sido arbitrarias e ilegales y apenas en el 9,1% se presume la vinculación de los aprehendidos con hechos delictivos.

¿Cómo es el caso en los países con políticas más permisivas?

Uno de los países más conocidos por su política de drogas es definitivamente Holanda. Si se analizan y comparan los datos de consumo de marihuana en ese país con los de algunos países con políticas antidrogas menos permisivas, tales como España, Francia o Reino Unido, no se puede apreciar un consumo superior, sino incluso inferior en la categoría de adultos de todas las edades con prevalencia del consumo de cannabis, según el Informe Europeo sobre Drogas 2015 (IED 2015, en adelante).

La política holandesa se ha basado en aceptar la imposibilidad de evitar que la gente deje de consumir drogas en general. Permitiendo así la venta de cannabis en pequeñas cantidades en los llamados coffee shops. Por un lado, este pragmatismo no solo le genera aproximadamente $600 millones anualmente en impuestos al país, también permite, por otra parte, que las autoridades puedan dedicar sus esfuerzos a los delincuentes de verdad.

En consecuencia, Holanda ha venido registrando una reducción significativa de reos, incluso hasta el punto de resultar amenazados miles de puestos de trabajos en los recintos penitenciarios. Por tal razón, los Países Bajos han firmado acuerdos con Bélgica y Noruega para el alquiler de sus cárceles.

Europa y EE.UU siempre han sido mercados importantes para las drogas provenientes de otras regiones, tales como América Latina, Asia Occidental y África del Norte. No obstante, con el transcurso del tiempo el narcotráfico ha materializado su expansión y evolución. Europa y USA no solo se han convertido en una zona de producción de cannabis y de drogas sintéticas, sino que América Latina también se ha convertido en un mercado para los narcotraficantes.

Por otro lado, el mercado virtual oculto en las redes ha facilitado considerablemente el comercio de sustancias ilegales. Ante semejante realidad, se han emprendido algunas reformas legales en el continente americano que siguen generando debate, curiosidad e inquietud. Si bien el debate no se basa en legalizar todas las drogas abruptamente, racional seria siquiera analizar los efectos más determinantes que produciría la legalización de la droga menos fuerte y además la más consumida.

El importante papel que desempeña el cannabis en las estadísticas de delincuencia por drogas debe ser analizado y discutido en todo el mundo, ya que según el ejemplo concreto que cita el IED (2015:13) representa el 80 % de las incautaciones en Europa. Asimismo, el consumo y la posesión de cannabis para consumo personal suponen más del 60 % de las infracciones de la legislación sobre drogas notificadas en el viejo continente. En ese sentido, el segundo lugar corresponde a la cocaína, «cuyas incautaciones equivalen a más del doble de las anfetaminas o la heroína. El número de incautaciones de éxtasis es relativamente bajo” (IED 2015:22).

Los conservadores e indecisos justifican su diatriba encendida en contra de cualquier reforma de política de drogas, al alegar que no solo se aboga por la regulación de las «drogas blandas», sino por la legalización progresiva de todas las drogas. En consecuencia, obstaculizan con tácticas propagandísticas cualquier cambio significativo para la regulación del cannabis.

El IED (2015:13) resalta que “la producción y el tráfico de cannabis son cada vez más importantes desde el punto de vista de la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, dada la creciente implicación de la delincuencia organizada.” En otras palabras, la legalización del cannabis – per se – no significaría la erradicación del crimen organizado, pero ciertamente un fuerte golpe a sus ingresos y una reducción considerable de las cifras de encarcelamiento de cientos de miles de inobservantes de las actuales leyes en contra de las drogas «blandas».

Lo mejor que puede hacer un Estado ante el uso de sustancias delicadas, es asumir la responsabilidad y no ceder el control de los estupefacientes al crimen organizado. El riesgo que representa la marihuana para la salud es menor o similar al tabaco, y su prohibición resulta una violación al derecho del desarrollo libre de la personalidad. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar las consecuencias positivas de ese pragmatismo político – que ya no es exclusivo de los Países Bajos?

¿Daños a la salud relacionados al consumo de drogas?

El Informe Mundial de Drogas del 2015 de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes (IMD 2015, en adelante) señala que hay aproximadamente 246 millones de consumidores de sustancias ilícitas en el mundo. No obstante, 1 de cada 10 consumidores de drogas en el mundo es un consumidor problemático que sufre trastornos ocasionados por el consumo de drogas o drogodependencia.

Si se pretende analizar la conducta y tendencias en el consumo de drogas y los daños relacionados, el IED considera (2015:41) útil distinguir entre – por lo menos – tres grandes grupos de sustancias: productos de cannabis, diversos estimulantes y drogas opioides.

El cannabis continúa siendo la droga más consumida a nivel mundial. En ese sentido, el IED (2015:44) informa que hay situaciones, “[a]unque raras, [donde] pueden producirse urgencias agudas por consumo de cannabis, especialmente a dosis elevadas”. Es decir, el informe aclara que el cannabis no es una droga inocua, sin embargo, evita generar alarmismo al especificar que los problemas descritos con mayor frecuencia solo fueron “neurocomportamentales (sic), (agitación, agresión, psicosis y ansiedad) y vómitos. En la mayoría de los casos, los pacientes fueron dados de alta sin necesidad de ingreso” (IED 2015:44).

Lo anterior tiene consonancia con el estudio del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de Estados Unidos, el cual señala que – a pesar de la legalización del cannabis con fines medicinales y/o recreativos en 23 estados de USA -, la cifra de muertes por sobredosis de marihuana se mantiene en cero.

Por tal razón, el IED (2015:41) resalta la importancia de distinguir entre estos 3 grupos de sustancias, puesto que “el consumo de heroína y otros opioides (…) siguen siendo las drogas asociadas a la mayoría de los casos de morbilidad, mortalidad y coste del tratamiento relacionado con el consumo de drogas en Europa [y el mundo].» La cifra estimada de muertes relacionadas con las drogas en 2013 fue de 187.100, según el IMD (2015:3).

En ese orden de ideas, las características del consumo de drogas se diferencian, según el IED (2015:39) “por diferentes pautas de consumo, que oscilan de un único consumo experimental hasta el consumo regular y dependiente.” Las diferentes pautas de consumo igualmente se asocian a diferentes niveles y tipos de daños.

En otras palabras, la frecuencia y tipo de consumo, la calidad y cantidad de la dosis, el consumo simultáneo de varias sustancias y la administración por vía parenteral están vinculados a riesgos de salud elevados. La falta de un modelo de reducción de daños y riesgos ha entorpecido las estrategias y campañas de prevención y divulgación.

Por otro lado, además del costo humano de la fabricación, tráfico y consumo de estupefacientes, el cultivo ilegal de arbusto de coca y la transformación de la coca en cocaína siguen causando graves daños al medio ambiente. Solo en Colombia, se perdieron unas 280.000 hectáreas de bosques entre 2001 y 2013 como consecuencia directa del cultivo de coca, según el IMD (2015:9).

La paradójica solución para erradicar los sembradíos de coca era la fumigación con glifosato, herbicida calificado como cancerígeno, según la Organización Mundial para la Salud. ¿Sería irracional e inmoral imaginarse que el Estado satisfaga la demanda de algunas sustancias con la producción controlada para evitar futuras catástrofes medioambientales?

¿Seguimos con la política del avestruz?

¿Es casualidad o causalidad la ola de nuevas propuestas en la región? Los planes de legalización de la marihuana en Canadá para el 2016, la comercialización del cannabis con fines recreativos y medicinales en Uruguay, las exitosas reformas en varios Estados de EE.UU, el debate nacional sobre la legalización de la hierba en México en 2016, y el debate sobre la marihuana medicinal en Colombia; desafían el perenne status quo de la Guerra contra las Drogas (War on Drugs).

Sería oportuno leer sobre las alternativas legales y políticas que ofrecen los organismos regionales en las Américas. El informe El Problema de Drogas en las Américas (2013:5) elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA) explica que “la legalización podría reducir muchas de las consecuencias negativas que ahora más preocupan a la sociedad, como la violencia, la corrupción y el desorden público de la distribución de drogas; la transmisión de enfermedades sanguíneas asociadas con agujas compartidas, y el encarcelamiento de cientos de miles de delincuentes de drogas de bajo nivel.”

Pocos se opondrían a una reducción considerable de los efectos negativos que afectan actualmente a la población. El problema radica en que la legalización no es garantía de éxito. Es sumamente difícil predecir en qué medida la legalización reduciría los índices de criminalidad y otros daños. De igual manera, es un desafío monumental medir con precisión los costos y beneficios, por una sencilla razón, hay escasa información sobre historias análogas. Pero lo que sí está muy bien documentado es el fracaso tras otro de la lucha ortodoxa antidrogas. Eso explicaría por qué el modelo prohibicionista sigue cediendo terreno ante otras alternativas.

El tema del narcotráfico generó en algún momento un debate jurídico en Venezuela. El Magistrado Ponente Angulo Fontiveros, en la sentencia N° 359 del 28 de marzo de 2000, calificó el delito de narcotráfico como crimen de lesa humanidad, a pesar de las críticas de juristas reconocidos, no por no ser un flagelo de carácter mundial, sino por excederse en las interpretaciones en materia penal. No obstante, la Sala Constitucional podría haber pavimentado la vía para un eventual debate político con su sentencia N° 1859, al flexibilizar su posición frente a traficantes de drogas ilícitas.

En otras palabras, a los condenados por el delito de tráfico de drogas de menor cuantía se les puede conceder fórmulas alternativas para el cumplimiento de las penas de privación de libertad que le hayan impuesto. Es decir, los delitos de drogas de menor cuantía no deben superar la cantidad de quinientos (500) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de marihuana genéticamente modificada, cincuenta (50) gramos de cocaína, sus mezclas o sustancias estupefacientes a base de cocaína, diez (10) gramos de derivados de amapola o cien (100) unidades de drogas sintéticas.

Uno de los objetivos fundamentales que se busca con esta decisión es el de descongestionar las cárceles, visto que en 2010 habían 44 mil reos, de los cuales 9.317 eran por narcotráfico. Ante esa realidad, hasta la gente de a pie se pregunta, ¿se rehabilitaron los privados de libertad o sacaron varios doctorados en las universidades del delito?, ¿tenían que ser detenidos en primer lugar por delitos de droga de «poca» cantidad?, ¿cuánto costó esa burocracia y/o manutención de esos presos?, ¿cuánto dinero ha generado la legalización de la marihuana en varios estados de los EE.UU?, ¿vamos a resolver el problema con los precios del barril de petróleo por el suelo?

En fin, la población tendrá que decidir si es necesario el debate profundo y abierto sobre la eficacia de nuestras leyes antidrogas o si permite que temas como el de sembrar maticas de acetaminofén y moringa ocupen espacios mediáticos importantes. Si la sociedad en realidad busca abandonar círculos viciosos, no puede seguir permitiendo que se legisle con mentes cuadradas.