Partamos del principio que sostendría la legitimidad de un gobierno.
El gobierno es una organización armada que se reserva para sí lo que ha venido a llamarse el “monopolio de la violencia legítima”. Es decir, es la única organización de la sociedad que se reserva para sí y de forma exclusiva el ejercicio de la violencia con carácter legítimo, esto es, aquella violencia cuyo ejercicio se justifica. La base de esta justificación es evitar que los ciudadanos privados tengan que ejercer por sí mismos algún grado de violencia en su vida cotidiana. El medio para asegurar este “monopolio de la violencia legítima” es de hecho la violencia misma: el Estado utiliza la violencia para asegurarse y mantener su monopolio. No prohíbe por ejemplo la tenencia de extintores de fuego, aun habiendo bomberos, pero sí en muchos casos hace ilegal la posesión de armas de fuego que permitirían a los ciudadanos protegerse por sí mismos oportunamente, si así lo consideraran, ante potenciales agresiones armadas. La procura de los medios necesarios para toda actuación del gobierno también tiene su origen en la violencia, al imponer a los ciudadanos por medio de la amenaza o el uso de la fuerza el pago de impuestos para financiar su actuación, o al reservarse para sí lucrativas industrias y prácticas que por otra parte prohíbe a la sociedad.
Este “monopolio de la violencia legítima” no es completo, pues es la norma que se reconozca a los ciudadanos su derecho individual a la defensa. Por tanto el gobierno reconoce a sus ciudadanos la legitimidad del uso de la violencia privada en casos extremos, de manera oportuna y proporcional, para la defensa propia de sus derechos. Esto es así porque el derecho individual a la legítima defensa es superior y anterior al monopolio estatal de la violencia. De hecho, la existencia del gobierno se justifica en la asociación de los ciudadanos para la defensa colectiva de sus derechos individuales a la legítima defensa. Esto es, la legitimidad del gobierno reposa única y exclusivamente en el ejercicio de la violencia sólo para la legítima defensa de los derechos individuales de sus ciudadanos. Los ciudadanos han delegado la defensa de sus derechos individuales a una organización que colectivamente los defienda por ellos. Por esto al gobierno no le es legítimo usar la violencia para otra cosa que no sea defender estos derechos. Pues el gobierno no tiene derecho alguno, ni mucho menos superior al de sus ciudadanos, sino que ejerce la delegación de la defensa colectiva de los derechos individuales cedida o consentida por los ciudadanos. Si un ciudadano no tiene derecho de iniciar una agresión a otro sin existir una situación en la que se vean amenazados sus derechos individuales y de hacerlo además de una forma proporcional y oportuna, el gobierno tampoco puede hacerlo en su nombre. Si un ciudadano no tiene derecho a violar los derechos individuales de otro ciudadano, el gobierno tampoco puede hacerlo en su nombre.
Cuando el gobierno ejerce la violencia monopólica para algo más que la defensa de los derechos individuales de sus ciudadanos, o de otra forma, cuando usa la violencia para violar los derechos individuales de algunos ciudadanos, su acción no es legítima, es una agresión. Si un ciudadano inicia una agresión contra otro, este tiene pleno derecho de usar la violencia en grado necesario para defenderse. Si el Estado o cualquier otra organización inicia una agresión contra un ciudadano, este conserva plenamente el derecho de usar la violencia proporcional y oportuna para defenderse.
Cuando un ciudadano es miembro del gobierno e inicia una agresión valiéndose de los medios y autoridad que le confiere este hecho, no sólo es responsable este individualmente, sino también lo es el gobierno de forma institucional. No sólo el ciudadano agredido tiene derecho a responder con violencia proporcional y oportuna a la agresión o demandar que lo hagan por él, sino que todos los ciudadanos tienen derecho a exigir una respuesta institucional por la co-responsabilidad que recae sobre el gobierno como organización. No sólo para exigir el ejercicio de la defensa de los derechos individuales cedido al gobierno contra el funcionario agresor, sino en especial para reclamar que la autoridad conferida por los ciudadanos a la organización para la defensa colectiva de sus derechos individuales fuera utilizada en cambio para iniciar una agresión. En este sentido la respuesta del gobierno frente a un agresor miembro del mismo, debe ser aún más severa de si se tratara de la respuesta ante una agresión de un ciudadano privado a otro.
Si la respuesta institucional del gobierno contra un agresor que provenga de sus propias filas no es acorde a la gravedad de este hecho, la legitimidad de su ejercicio se erosiona. Si esta situación es frecuente y extendida, la legitimidad del gobierno se erosiona gravemente. Si el gobierno como institución, se extralimita en el ejercicio de sus funciones, esto es, si utiliza la violencia para algo más que la defensa de los derechos individuales de los ciudadanos, pierden toda legitimidad esas acciones fuera de sus naturales y legítimas competencias.
Si en el caso más grave, por omisión deliberada, por política explícita o implícita de la organización estatal, la misión del gobierno no sólo se excede de su legítima función de servir de instrumento para la defensa colectiva de los derechos de los ciudadanos, sino que tiene como objetivo de hecho la agresión a los derechos individuales en cuya defensa se fundamentaba su razón de ser, no sólo pierde por completo y de forma automática toda legitimidad, sino que se convierte en una poderosa organización criminal.
En este caso no sería una organización criminal cualquiera. Se trataría de una organización criminal con una estructura formal profunda y extensa, que se financia sistemáticamente de los ciudadanos por medio de la violencia y que tiene amplia presencia en todo el territorio de un país e instrumentos de opresión en todos los ámbitos. Cuenta especialmente con cuerpos armados especializados, entrenados y bien dotados. Es en la práctica y sin ninguna duda la organización criminal más grande y peligrosa que puede residir en un territorio. Es en este punto y entendido todo esto, que el derecho de los ciudadanos a la rebelión es incontestable.
Frente a un agresor individual, todo ciudadano tiene derecho a defenderse, oportuna y proporcionalmente y además prepararse para cualquier potencial agresión. Y esto lo puede hacer de forma individual o colectiva y en este último caso en la forma de un gobierno o de una asociación privada entre ciudadanos. Frente a la agresión de otro grupo de ciudadanos asociados en una organización criminal, todo ciudadano tiene aún más razones para organizar la defensa de sus derechos y debe hacerlo de una forma más sofisticada, poderosa y colectiva para sumar fuerzas que puedan contrarrestarla más efectivamente.
Cuando la amenaza en cambio proviene de un gobierno devenido en la mayor organización criminal de un territorio, que se financia de todos los ciudadanos y que además los desarma para debilitar cualquier intento legítimo de defenderse de él, la actuación de los ciudadanos para organizar la defensa colectiva de sus derechos cobra otras dimensiones cualitativas y cuantitativas. Se trata de un estado de guerra no declarada, de una ocupación ilegítima de un territorio, de una tiranía en toda regla.
En este caso todo miembro del gobierno es cómplice en algún grado de la agresión y de la preparación de la agresión. Pues pertenece a una organización sin legitimidad alguna, cuyo objetivo deliberado es la violación de los derechos de los ciudadanos tal y como se plasma en las políticas explícitas o implícitas que orientan y dirigen las actuaciones de todos los miembros de esta organización criminal. Todo miembro del gobierno es entonces un potencial agresor y un activo colaborador en la agresión de los derechos de los ciudadanos. En la medida en que el miembro del gobierno sea útil a la actuación de esta organización, es útil a la violación de los derechos de los ciudadanos, es útil a la agresión directa sobre ciudadanos inocentes. Y en la medida en que esta actuación criminal del gobierno se haga evidente, ningún miembro del gobierno podrá argumentar desconocimiento o no participación directa en las agresiones contra los derechos de los ciudadanos para sostener su defensa. Todo miembro del aparato gubernamental, desde el recolector de impuestos hasta el militar que dispara a un manifestante, pasando por una secretaria o un burócrata cualquiera, mientras sea funcionario, permanecerá colaborando activa y voluntariamente mente con la agresión por razones muy diversas y en grados y formas muy diversos. Pero esto no les restará con el tiempo, hecha evidente la naturaleza criminal de la actuación del gobierno, responsabilidad y complicidad en la violación directa de los derechos de los ciudadanos. Al continuar su participación activa en esta organización criminal, lo hará por decidir que los beneficios propios de continuar haciéndolo, compensan y superan su remordimiento por dar un aporte cómplice a la acción criminal sistemática y de beneficiarse de ello con prebendas, sueldos, seguridad o comodidad. No son estas últimas justificaciones de su actuación, es simplemente lo que decidió no abandonar para evitar seguir contribuyendo a la agresión de ciudadanos inocentes. Es decir, gradualmente su actuación, sea cual fuere el grado de su aporte o la distancia burocrática de la violación directa de los derechos de los ciudadanos, será una participación consciente y voluntaria del acto criminal.
Cualquier vestigio de las funciones legítimas de un gobierno -como organización que realiza la defensa colectiva de los derechos individuales de los ciudadanos- que mantuviera este gobierno criminal sería una ilusión. Si el gobierno criminal siguiera en alguna medida realizando acciones para prevenir crímenes y defender en algún grado la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos, no serían en ningún caso excepciones legítimas de la actuación ilegítima del gobierno criminal. Será porque para asegurar su dominio consideró oportuno defender de agresiones de terceros algunos de estos derechos de algunos de los ciudadanos. Será porque en su ejercicio monopólico del crimen organizado en un territorio, no admite competencia en algunos ámbitos porque hacerlo sirve a sus intereses. Si fueran islas de legitimidad, estos funcionarios apuntarían sus armas al mayor criminal del territorio: al propio gobierno. Si no lo hacen es porque no hay legitimidad en sus actos, sino pura conveniencia institucional en un sofisticado ejercicio monopolista del crimen organizado. El que un gobierno criminal sea negligente, arbitrario o simplemente abandone del todo estas funciones, sólo agrava su situación y confirma su legitimidad ya perdida. Cualquier espejismo de libertades que los ciudadanos aún pudieran seguir gozando bajo el dominio de un Estado criminal, sería también fruto de la conveniencia o de la imposibilidad de control total del gobierno criminal, nunca acciones legítimas excepcionales dentro de un contexto de crimen organizado. La legitimidad la pierde la organización de origen, al igual que gana su título de criminal. Lo que parezca legítimo que haga esta organización mientras ejerce sus acciones criminales, son sólo instrumentos pragmáticos para sus intereses que en ningún momento justifican su naturaleza o ilegitiman una apropiada respuesta por parte de la sociedad agredida y desvalida. Sí, serán un alivio para los ciudadanos víctimas de la opresión sistemática, pero no oasis de legitimidad en un desierto de criminalidad.
En esta situación los ciudadanos tienen pleno derecho a la rebelión. Es la guerra motivada en la legítima defensa de sus derechos, contra quienes había sido confiada su defensa colectiva, pero que traicionándolos, utilizan ahora el inmenso poder cedido y tolerado contra aquello que se suponía debían proteger. La rebelión pues es para los ciudadanos retomar la iniciativa en la legítima defensa de ellos mismos de forma colectiva. Es asociarse para defenderse y comenzar por el principal agresor: el gobierno criminal. Es un acto tan legítimo como lo que dio en algún momento legitimidad a la existencia del Estado. Y en este acto de legítima defensa colectiva que es la rebelión, los principios de oportunidad y proporcionalidad de la respuesta mantienen su vigencia y se adaptan a la peculiar situación de enfrentar a una organización de agresión sistemática en vez de a un agresor individual.
Como la consciencia de la actuación criminal del gobierno no es automáticamente reconocida por todos, ciudadanos y funcionarios, le legítima defensa colectiva en forma de rebelión debe ser gradual y apropiada para seguir siendo legítima. La selección de los medios para la rebelión, el grado de violencia que se utilice y los objetivos de la misma, deben ser siempre acordes con el grado de violencia directa y potencial del gobierno contra la sociedad y de la consciencia de los ciudadanos y de los propios funcionarios acerca de la complicidad de estos últimos con estos hechos. Por esta razón la resistencia pasiva será siempre legítima, la inacción de los ciudadanos a la hora de colaborar con el régimen criminal, por ejemplo negándose a pagar impuestos para financiar la agresión sistemática. También lo será una respuesta violenta proporcional en enfrentamientos directos con los cuerpos armados del gobierno, por ejemplo golpes con golpes, piedras con piedras, disparos con disparos. Eventualmente será también legítima toda acción para desestabilizar a los cuerpos armados que participen directamente de la opresión, por ejemplo el sabotaje de los cuerpos represivos. Más tarde será legítima su elección como objetivos militares de la rebelión independientemente si la respuesta defensiva es o no resultado directo de acciones represivas particulares, por ejemplo el ataque de instalaciones de los cuerpos represores. Sólo posteriormente y ante la escalada de la represión violenta y sistemática, se justificarán los ataques a todo el aparato armado del gobierno, por ejemplo la ampliación de las hostilidades contra cualquier cuerpo armado que sirva de sostén al gobierno criminal. Posteriormente a toda su estructura logística y de financiación, por ejemplo sabotaje a gran escala. Y de no conseguir la claudicación del gobierno criminal, sino la intensificación de su agresión, la guerra total también tendrá completa legitimidad. En este punto todo colaborador del gobierno criminal y en cualquier circunstancia, excluyendo lo previsto en las normas para la guerra, será legítimamente considerado como potencial objetivo militar rebelde. Así se podrá actuar con el máximo grado de legitimidad, de proporcionalidad y de oportunidad, a la vez que se entiende correctamente la naturaleza del agresor como la más poderosa organización para la agresión sistemática de los derechos de los ciudadanos y a todos sus funcionarios como miembros voluntarios y cada vez más conscientes de estar contribuyendo con una organización criminal que llevó a los ciudadanos a valerse por sí mismos y responder ante esta situación.
Como último apunte de esta nota, quiero aclarar que la anterior teoría de la rebelión -que pretende justificar moralmente el derecho de los ciudadanos de luchar contra una tiranía por cualquier medio necesario- no es un llamado a la violencia. Es una argumentación de que la violencia, venga de donde venga, sólo tiene legitimidad si se usa en un sentido estricto muy limitado. Nadie quiere que la violencia sea parte cotidiana de nuestras vidas, tal vez por esto se acepta su tercerización, equivocada o no, a los gobiernos. Pero este hecho no impide el que quepa la posibilidad de un ilegítimo uso de la violencia por su parte, ni que la violencia no sea necesaria y justa como última opción para remediar esta situación. Hay muchas razones para rechazar la violencia, pero indicar que en ningún caso es legítima o afirmar esto en una situación hipotética como la que se acaba de plantear, no lo es. Tener que apelar en este escenario a la violencia para la defensa de nuestros derechos no es un descenso al salvajismo, sino un verdadero compromiso con los valores de la civilización en medio de la barbarie que deja tras de sí un gobierno criminal. En una situación normal, por ejemplo, en la que un gobierno se restrinja a sus mínimas y legítimas funciones, la sociedad produce personas pacíficas, civilizadas y obedientes de la ley, que no tienen muchas razones para conservar demasiado vivo un instinto violento para defender lo que solo es suyo. Pero cuando este no es el caso y además se agrava con que la actuación del gobierno impide además a la sociedad procurarse el mínimo nivel de supervivencia y dignidad, no debemos olvidar que en toda circunstancia de tiempo y lugar, las instituciones que permiten que tengamos una vida pacífica, civilizada y tranquila, se han conseguido a cambio de inmensos sacrificios. Nunca se han arrebatado de las tiranías sin luchar y sin dolor. La lucha y el dolor de soportar día a día esta asfixiante situación de miseria, indefensión y arbitrariedad, son los primeros incentivos para asumir, si fuera la última alternativa, las penurias que se requieren para valientemente hacerle frente. Por eso un sofisticado gobierno criminal, inteligente y competente, no arrincona a sus ciudadanos hasta el punto que entiendan que no tienen nada más que perder. Pero, en caso de hacerlo, no deberá esperar otra respuesta. Esto no le suma legitimidad a su ejercicio, tan solo hace más costosa a la gente de bien el decidirse por hacer lo correcto.
Luis Luque
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