Lo que voy a decir no es una novedad, y todo el mundo lo sabe, pero lo hago por amor a la crónica y para dejar registro. Voy a apuntar los hechos que recuerdo, y seguramente se me van a quedar muchos por fuera, por lo que agradezco cualquier ayuda para compilar la historia.
Desde el primer momento en que se habló de revocatorio, el CNE no ha hecho otra cosa que buscar entorpecer o evitar el proceso. Comenzando por el absurdo requisito de recoger el 1% de las firmas de acuerdo a distribución proporcional de la población por estado. Esto ya es un exabrupto, ya que no estamos compuestos por colegios electorales, como es el caso de EEUU. En Venezuela un voto en Maturín cuenta lo mismo que un voto en la Sierra de Perijá. El sitio en donde se recojan las firmas es irrelevante, la letra de la constitución solamente indica que basta con que el 1% de la población solicite el referendum revocatorio para activarlo. Otra arbitrariedad, hija de la anterior, es que la firma debió ser recogida en la entidad federal en donde está registrado el elector. Un abuso total. Si alguien estaba de viaje en el momento de la recolección de las firmas no pudo ejercer su derecho.
Otro hecho que sin duda está dirigido a torpedear la iniciativa es el relajo de los lapsos que se toma el CNE para cada etapa del proceso, y la discrecionalidad para decidir si una firma es válida o no. Todos sabemos cuántas personas conocidas denunciaron que su firma no fue aprobada, sin saber la causa y sin derecho a revisión. Los casos más patéticos, por supuesto, son los de los dirigentes políticos. Haberle rechazado la firma a Capriles y a Machado no puede sino catalogarse como provocación. Pero son apenas dos de los 600.000 venezolanos a quienes se le negó su derecho a convocar el revocatorio.
Llegamos al capítulo de la validación de las firmas, y aquí es en donde toda la estulticia de las rectoras del CNE se pone de manifiesto de la manera más evidente. Primero se estimuló el arrepentimiento, agregando un paso totalmente inútil como la retirada voluntaria de la firma y con ello alargando una semana más el proceso. Ese paso es una ridiculez ya que si alguien estuvo arrepentido con no ir a revalidar tenía. Luego, el diseño del proceso de validación tuvo como objetivo que se pudieran obtener el menor número de firmas posibles, tanto por la cantidad de máquinas puestas a disposición del proceso (un déficit de mil, según indican los expertos) como por la ubicación geográfica de las mismas. También se debe mencionar la operación morrocoy y el cierre de los centros de validación a pesar de haber personas en la cola, gente a la que se le conculcó su derecho político al no permitirle validar su firma.
Un paréntesis: El proceso de validación de firmas ha servido para demostrar la falacia de uno de los argumentos que esgrime el CNE para proclamarse como «el sistema electoral más seguro del mundo». Me refiero a la garantía de «un elector, un voto», que supuestamente estaría avalado por el sistema de identificación biométrico, la tristemente popular captahuellas. Ese mecanismo debería garantizar dos cosas: que no haya suplantación de identidad, al cotejar la huella del votante con la huella almacenada en la base de datos, asociada al número de la cédula que presente el votante; y garantizar que esa persona vote una sola vez. Conceptualmente es algo posible, y es un algoritmo que cualquier estudiante de primer año de alguna de las carreras que tienen que ver con computación está capacitado para resolver. Ahora bien, si tuvieran ese mecanismo activado y suficientemente probado, la validación de firmas debería ser automática y al instante. Bastaría con cotejar la huella en la base de datos, ver si el elector asociado a la huella pertenece a la entidad en donde está realizando la validación, y confirmar que no ha validado aún. Pero no es así: el CNE se va a tomar 20 días hábiles para chequear esas validaciones. Para menos de 400.000 firmas, que es un universo muchísimo más pequeño que el de los votantes en cualquier elección ya sea regional o nacional. Esto debería encender las alarmas: el CNE monta unas elecciones con un mecanismo que no es capaz de garantizar la identidad y la unicidad de los votos, y lo da por bueno sin ningún tipo de verificación posterior, verificación que por otra parte es realizada con todo el celo del mundo cuando se trata de un evento que atenta contra el oficialismo.
A pesar de todos estos obstáculos la ciudadanía se mostró digna del compromiso, y se logró la meta de acuerdo a los números de la oposición. Pero las zancadillas continúan: se van a tomar 20 días hábiles para revisar algo que debería estar revisado de origen por el carácter automatizado del proceso, por lo explicado más arriba, y tal vez tengan la osadía de decir que no se alcanzó el número de firmas necesarias. Aunque no creo que lleguen a tanto, no me sorprendería. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer si eso sucede?