Los autoritarismos competitivos permiten cierto margen de acción a las partidocracias. Al suspender de facto el espacio en el cual conviven y subsisten partidos opositores de diversa índole, orientación política y filosofía de negocios, desaparece la razón factual de la existencia de los partidos, más allá de promover una supuesta participación ciudadana y ser una franquicia electoral.
Los partidos se mantienen financiera y logísticamente a través de las cuotas político-gubernamentales que el Estado provee de forma directa a través de los cargos de elección libre y pública y a través de celebraciones plebiscitarias. Si desaparece la opción de poder escoger a los miembros de los cuerpos que componen al sistema de democracia representativa, tal como lo son el parlamento, las gobernaciones y las alcaldías y concejos municipales, los partidos pierden la razón de ser para sus propios miembros porque la repartición de cargos en todo el andamiaje estatal implosiona; no hay elecciones, por ende no hay cargos.
El financiamiento de los partidos proviene de los ciclos electorales periódicos, lo que garantiza que, ocasional o permanentemente, exista un respiro o auxilio monetario para los mismos partidos -como entes corporativos- y para sus miembros, bien se encuentren ejerciendo cargos de elección popular, dentro de la administración publica, dentro de los mismo partidos o sencillamente en el limbo pre-electoral, donde el derecho a la alternabilidad permitirá acceder a otras y nuevas posiciones.
Es evidente, esta lucha no es para defender los derechos ciudadanos, tampoco para mostrarse como paladines de los derechos humanos, esta lucha es para ser reincorporados el juego político-electoral-financiero que justifica sus propias existencias como organizaciones partidistas. Los partidos políticos son necesarios, sin duda, pero es denigrante observar cuando la actuación pública -de una parte importante y específica – se debe a la pura supervivencia dentro del espectro político y no a la defensa de los valores republicanos.
