¿Qué se entiende por parcialidad periodística? ¿Cuál es, puestos a escoger forzosamente entre apologizar y señalar, el deber último de los medios de comunicación? ¿Para con quién es ese deber? La situación actual por la que atraviesa Venezuela en torno a este punto va a constituirse, pasado el tiempo, en un tema de discusión interesante sobre el papel que juegan los medios de comunicación en la sociedad y sobre la relación de éstos con el poder.
Trataré de resumir la historia del desencuentro entre el actual gobierno venezolano y los medios de comunicación, desmontando el lastimero mito de que el primer mandatario ha sido permanente y despiadadamente atacado desde un principio por éstos, en una especie de confabulación tendente a proteger sus intereses y privilegios, y cuyo oscuro fin no es otro que sacarlo del poder, desconociendo la voluntad popular, según creen (algunos honestamente) algunos sectores afectos al gobierno.
Valga destacar que la cobertura y la abierta simpatía recibida por el entonces candidato por parte de los medios informativos durante la campaña electoral, podría patentarse en hechos como que a su primer tren ministerial ingresaron dos periodistas (con columnas y espacios en televisión de altísima audiencia) que no sólo lo apoyaron durante la campaña, sino que le ofrecieron tribuna sin sufrir veto por parte de los propietarios de dichos canales: el ministerio de la Secretaría lo ocupó el actual alcalde metropolitano de Caracas, Alfredo Peña (ahora opositor) y la Cancillería, ocupada por el veterano periodista José Vicente Rangel (actual Vicepresidente, quien estaría antes al frente de la cartera de Defensa). El centimetraje y el tiempo de radio y televisión dedicados al controversial candidato eran, quizá, producto de dos circunstancias: era polémico, por tanto era noticia; y era popular, por tanto daba rating.
En el decurso del ejercicio del poder, los medios comenzarían a acusar las primeras señales de alarma. Sólo el día de su juramentación, Hugo Chávez se negó, en un gesto que delataría su poco conciliador estilo, a recibir la banda presidencial de su antecesor. Y como el menor gesto del primer empleado público es noticia, en este hallaron interesantes elementos: tendencia al autoritarismo, nombramientos por lealtad y no por capacidad, incipiente corrupción, discrecionalidad desmedida en el uso de los recursos públicos (verbigracia, Plan Bolívar 2000), incumplimiento de promesas electorales, intolerancia y amedrentamiento, discurso violento y exclusionista.
¿Cuál fue la lógica respuesta del novato gobernante a estos señalamientos? ¿Entender que los medios son mecanismos de expresión de la sociedad, fiscalizadora de la acción pública y, en consecuencia, atender a las denuncias para, en consecuencia, corregir las fallas?
No, por cierto. Puso en práctica la única estrategia que ha desplegado, ya no para gobernar, sino para aferrarse al poder durante estos cuatro años: fracturar a la sociedad mediante un discurso maniqueo, con el fin de radicalizar a la opinión pública y dividir la percepción de la realidad en dos bandos. Con esto se aseguró la simpatía de un sector de la población, al que le dirige sus discursos, calculando perversamente que mientras tenga “masa” que mostrar a la opinión pública internacional, ésta afirmará que en Venezuela hay democracia, porque el gobierno tiene detractores —calculará que razonarán— pero también tiene “calle”.
Con esa sencilla pero diabólica maniobra se dedicó a neutralizar a todo aquel que discrepara de sus decisiones (es un militar, no un político; vocifera “¡plomo!” ante su enardecido auditorio). La prensa, por supuesto, fue uno de los objetivos atacados con más encarnizamiento. Si Chávez, removiendo primitivos resentimientos sociales con argumentos pueriles, lograba empañar la credibilidad de los medios de comunicación ante un sector de la población, logrando hacer creer que “el otro” (la prensa) ofrecía una versión sesgada de la realidad por ser el enemigo del líder, entonces existían dos verdades. Ante esto, el lector no evalúa la noticia en sí, sopesa la fuente en función de sus emociones.
Si en algún medio se denunciaba un hecho de corrupción, bastaba con descalificarlo aduciendo que esa era la verdad de las “cúpulas podridas”, del “golpismo fracasado”, de los “cuarenta años de corrupción” o, como gusta decir de las plantas de TV, de los “cuatro jinetes del apocalipsis”. Con un permanente discurso del resentimiento, en el que mezcla viejas “Glorias Patrias”, religión, nacionalismo y militarismo, mueve resortes emocionales en un sector de la población que, simplemente, se niega a darle el más mínimo crédito a las informaciones aparecidas en la prensa, arguyendo que obedecen a intereses personales.
El resultado de ese discurso incendiario no se ha hecho esperar: el ejercicio del periodismo en Venezuela se ha vuelto una actividad de altísimo riesgo. Cientos de testimonios colocan al nuestro en la antes inédita condición de encontrarse en la lista de países con libertad de expresión severamente comprometida. De enero de 2002 hasta marzo de este año, por ejemplo, se registraron 30 casos en que sedes de medios de comunicación habían sido objeto de hostigamiento, desde tomas más o menos pacíficas hasta ataques armados a instalaciones y empleados. Esto sin contar los recientes atentados a connotados periodistas. Organismos internacionales de prensa como Human Right Watch, la Sociedad Interamericana de Prensa y el Instituto Internacional de la Prensa, entre otros, han levantado su más firme voz de protesta, obteniendo de voceros del gobierno respuestas destempladas, cínicas y groseras.
¿Qué clase de noticias irritan tanto al gobernante venezolano? La cobertura dada a la compra del avión presidencial, adquirido en medio de una grave recesión económica a un costo de 70 millones de dólares, por ejemplo. O recordar que al ser electo presidente dijo a la multitud que se agolpó para escucharlo, y al país entero, que “me cambio el nombre si en término de un año no resuelvo el problema de los niños de la calle” (bástese un paseo por las calles de Caracas para constatar la escandalosa realidad). O publicar el costo de los trajes que compra “el presidente de los pobres” en la exclusivísima casa Beroni de Nueva York, a un costo de 6.000 dólares (el salario mínimo en Venezuela es de 118 dólares). O que los viajes presidenciales han costado, según el diputado opositor Carlos Berrizbeitia, más de 15 millones de dólares en cuatro años, en un país cuyo 25% de la población activa está desempleada.
Otro mito es el de David y Goliat. Los seguidores de Chávez insisten que su líder libra una lucha descomunal contra poderes invencibles y mezquinos. Y la realidad insiste en portarse impertinente. El gobierno ha transmitido más de 160 emisiones de su dominical programa de radio y televisión, “Aló, Presidente”, primer plano del mandatario contando chistes y anécdotas de su vida militar, cantando e insultando a sus adversarios durante unas cuatro o cinco horas (léase el lúcido retrato que publicara el periodista alemán Reiner Luyken, en el semanario Die Zeit, titulado “El narciso de Caracas” para entender el asunto). En los primeros 137 programas, se invirtieron $ 16.388.685 en radio y TV. Ni hablar de las cadenas, las cuales han alcanzado la asombrosa cifra de casi 500 horas de emisión, en lo que va de período.
El octavo gerente comunicacional del gobierno en estos cuatro años, el teniente Jesse Chacón, justificó las cadenas y advirtió que seguirán “mientras los medios no difundan la labor del gobierno”; pero en muchas ocasiones se limitan a darle cobertura a sus frecuentes actividades partidistas.
La política comunicacional de este gobierno, que prácticamente se limita a los discursos del presidente, recibió el mes de junio de este año un incremento presupuestario de 60 millardos de bolívares, aprobados por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional. Este aparato comunicacional incluye el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la Radio Nacional de Venezuela y la agencia noticiosa Venpress.
Además, cerca de 40 páginas web, más de diez publicaciones periódicas y un número significativo de emisoras de radio y estaciones de televisión “comunitarias”, algunas financiadas con dineros del Estado, difunden el punto de vista del gobierno. A este pool habría que agregarle la red de emisoras de YVKE Mundial y el diario Últimas Noticias, cuya línea editorial es notoriamente oficialista.
Como se ve, no es desdeñable la plataforma informativa del gobierno. Vale destacar que en muy contadas ocasiones estos medios “comunitarios” aplican el equilibrio informativo, ni el derecho a réplica a sus acusaciones. Su estilo, emulando al líder, suele ser agresivo y directo, además de presentar la información de forma más sesgada de lo que se suele acusar a los medios “de oposición”. De hecho, frecuentemente estos programas de “línea opositora” suelen dar cabida a connotadas figuras del oficialismo. Busque un político de oposición en un programa de VTV.
¿Por qué, teniendo una plataforma comunicativa tan cuantiosa, el gobierno ataca con tanta saña a la prensa? ¿Por qué no logra contrarrestar la supuesta ola de desinformación de los grandes medios de comunicación y tiene que amenazar con “tumbarles la señal” y militarizarlos? ¿Será porque esa estrategia de dividir al país ahora se le revierte? ¿Será porque la verdad oficial está perdiendo audiencia? ¿Será que no tiene público que compre su “verdad”? Michael Rowan, columnista de un matutino caraqueño, señaló que los medios lejos de encabezar los esfuerzos por sacar a Chávez del poder, “siguen los esfuerzos de millones de venezolanos por conseguir esa meta”, a lo que agrega: “Retiren a los medios y la oposición a Chávez no disminuirá ni un ápice”. Más claro, imposible.
¿Por qué los diversos intentos de crear órganos de divulgación gubernamental han fracasado, mientras el tiraje de un diario como, por ejemplo, El Nacional (con circulación certificada por el orden de los 110 mil ejemplares) han podido mantenerse en pie, con todo y la aguda crisis económica que atraviesa el país, con todo y los continuos ataques de Chávez contra sus dueños? ¿Por qué el rating del “Aló, Presidente” no alcanza en las mediciones a programas de opinión política (usualmente de crítica dura hacia el gobierno), tales como los de los periodistas Marta Colomina, Napoleón Bravo o Leopoldo Castillo, con su Aló, ciudadano?
Consciente de que perdió una parte importante de la audiencia, y de que las agresiones sólo han aumentado la popularidad de los medios, el gobierno ensaya por la vía legislativa, la última estrategia en su intento de intimidar y callar a la prensa independiente. A través de su cada vez más menguada mayoría parlamentaria pretende imponer leyes como la de Responsabilidad Social de Radio y Televisión (conocida como Ley Mordaza), la cual pretende penalizar la información de hechos violentos en vivo, argumentando que busca proteger la paz ciudadana. ¿Proteger de qué? ¿De las imágenes de chavistas asalariados agrediendo a periodistas? ¿O las de las fuerzas de choque que atacan manifestaciones de reivindicación social? ¿O aquellas en la que varios pistoleros disparaban contra una multitud pacífica que se dirigía al Palacio de Miraflores, que valió a su equipo reporteril el premio Rey de España?
¿Puede un diario mentirle a sus lectores y mantener su nivel de ventas? Chávez dividió al país en dos audiencias dispuestas a “consumir” una de las dos “verdades”, uno de los dos “países”: El de un gobierno eficiente y honesto que está haciendo Historia, y el de los resultados evidentes de la arruinada economía, del apoyo a la guerrilla colombiana, de la corrupción y la impunidad.
Los lectores de la segunda “verdad”, esos que asisten a multitudinarias marchas en defensa de los medios y la libertad de expresión, exigen elementos que ratifiquen su definida posición política. Y los medios tienen un público que cuidar. Ese público que intuye que en la libertad de expresión, en los medios independientes, se encuentra el último bastión de defensa de la democracia. ¿Cuántas pruebas le restarán a esa democracia venezolana? Ante la inminencia del referendo revocatorio, se pondrán de manifiesto algunas de las más duras.
